Se pregunta Crítica: ¿Cómo afectaría a las principales empresas de medios la nueva Ley? y te contamos como está la cosa en Rosario

Grandes grupos perderían el 76% de las licencias. Entre Clarín, Uno, Prisa y algunas empresas del interior concentran 360 permisos para tener radios, canales de televisión y servicios de TV por cable. La nueva norma los obligaría a ceder 276 medios.

Por: Jésica Bossi y Damián Glanz
La nueva ley de Radiodifusión partirá en mil pedazos el mapa de medios: los siete grupos más importantes del país podrían perder 276 de un total de 360 licencias que hoy tienen en su poder. Entre presiones oficiales y del fuerte lobby empresarial, esta semana se larga la discusión de la iniciativa K en el Congreso.
De aprobarse la ley tal cual está, el máximo perdedor será el Grupo Clarín, que se vería obligado a ceder 236 de las 264 licencias que el Comité Federal de Radiodifusión (ComFeR) identificó en manos del multimedios. El Gobierno desarmará el negocio estratégico de la empresa que conduce Héctor Magnetto: el cable. En ese rubro, mueve 3.000 millones de pesos anuales, lo que representa la mitad de su facturación global.
Según datos que manejan en Balcarce 50, el grupo tiene participación en cinco operadoras: Cablevisión (56%), Multicanal (55%), Cablevisión Digital (48,94%), Teledigital Cable SA (49,94%) y Supercanal Holding (20%, donde es socio de Vila-Manzano). En total, suma 244 licencias y concentra el 47% de los abonados el país. Con la nueva regulación que establece un tope de 24, el holding tendría que sacrificar 220 permisos.
No es compatible, según la nueva norma, ser cableoperador y poseer señales de TV abierta. Como consecuencia, debería optar entre el cable o Canal 13, Canal 6 (Bariloche), Canal 7 (Bahía Blanca), Canal 10 (General Roca) y Canal 12 (Córdoba). La sangría no terminará allí: tendrá que elegir entre una de las ocho señales de cable. Hoy, posee Todo Noticias, Volver, Magazine, Metro, TyC Sports, TyCMax, Canal Rural y Quiero Música en mi Idioma. Por los canales de aire y suscripción el año pasado facturó 555 millones de pesos.
Hay más: al mismo tiempo que el Gobierno lanzó el año pasado la batalla mediática, en paralelo con la guerra gaucha, la Presidenta instruyó al ComFeR que revise las habilitaciones que poseían los “generales multimediáticos”. Ese relevamiento determinó que al menos cinco de las radios que controla Clarín no estarían en regla. Son AM 810 (Córdoba)*, FM 102.9 (Córdoba), FM 100.3 (Mendoza), FM 96.5 (Bahía Blanca) y FM 99.5 (Tucumán). El Grupo Uno, de los mendocinos Daniel Vila y José Luis Manzano, es el segundo desfavorecido. Su firma Supercanal Holding es el tercer cableoperador más importante del país. Controla 30 licencias. De entrada, perderá seis habilitaciones**.
El conglomerado cuyano debe sortear la misma complicación que Clarín porque posee canales de aire, entre ellos, América TV, Canal 13 (Junín, Buenos Aires), Canal 7 (Mendoza), Telesur Canal 6 (San Rafael), Canal 8 (San Juan) y Canal 5 (San Juan). Además, el Grupo Uno controla 15 emisoras de radio, entre ellas, La Red. En principio, tiene que deshacerse de cinco. Luego, habría otro escollo: para el Estado, al menos dos (FM 98.5 de Rosario y FM 94.9 de Río Cuarto) no tienen la habilitación “legalmente otorgada”.
De capitales españoles, el Grupo Prisa, en el peor de los casos, podría perder sus once licencias de radio y su panorama más optimista lo limita a seis sacrificios.
Es que hay seis emisoras que son consideradas por el ComFeR como flojas de papeles. Organismo analizan la estructura jurídica de la empresa desde el inicio de la guerra gaucha. Es que la actual Ley de Radiodifusión –al igual que la nueva– y la de bienes culturales establecen un tope de 30% el capital extranjero en los medios. El grupo ibérico se las ingenió –con la venia oficial– para ingresar al mercado con un ardid legal: el Grupo Prisa no compró la radio como una empresa española, sino que lo hizo mediante la firma ibérica Carsa (30%) y GLR (70%), con sede en Delaware, Estados Unidos. Esa operación fue considerada viable porque existe el Tratado de Reciprocidad de inversiones con Estados Unidos.
En las provincias, habrá conglomerados con bajas importantes. Por ejemplo, Cadena 3, de origen cordobés, posee 19 licencias a nivel nacional. Con la nueva norma, debería desprenderse de nueve. El Grupo Ick, histórico en Santiago del Estero, es propietario de Teleimagen Codificada S.A.
La norma K lo conminará a desprenderse de Canal 7 y sus 31 repetidoras, aunque conservaría sus dos FM (Meridiano y Panorama). Además, el multimedia provincial necesitará un permiso especial para poder operar porque es a la vez dueño de la empresa de energía eléctrica provincial.
Asoman como las beneficiarias del nuevo esquema las compañías de teléfono. Si bien la ley prohíbe que las empresas de servicios públicos sean licenciatarias de servicios audiovisuales, el artículo 25 inciso 2 –el “artículo de las telefónicas”– establece una excepción para Telefónica y Telecom. La española Telefónica ya le puso precio a su ingreso al mercado del triple play, es decir, a la posibilidad de vender el combo completo de telefonía, TV e internet. Pretende invertir u$s 1.700 millones para enfrentar al oligopolio Multicanal- Cablevisión-Fibertel. El plan de negocios incluye también el desprendimiento de sus actuales activos, es decir, sus nueve canales de TV de aire, entre ellos, Telefe.
A partir del nuevo tablero, habrá que readjudicar las licencias quitadas y, claro está, no podrán participar los mismos actores. Es entonces cuando desde la oposición advierten que el Gobierno terminará vendiendo los permisos a empresarios aliados y armará un espectro de medios amigos.

Un spot para defender el proyecto
El Gobierno preparó tres spots publicitarios para reforzar el consenso hacia las últimas medidas, como el acuerdo con la AFA o el envío de una nueva ley de medios.
El primero de los avisos comienza con imágenes en sepia y muestra al dictador Jorge Rafael Videla anunciando, en 1980, la Ley de Radiodifusión. Un texto aparece sobreimpreso: “Hace treinta años, la comunicación era manejada por unos pocos”, reza en letra mayúscula. “Hoy también”, dice el nuevo cartel.
La pantalla se torna entonces de un color azulado. “Es tiempo de mirar al futuro, hagamos hoy una ley para mañana”. “Nueva ley de servicios de comunicación audiovisual”. En letras amarillas, aparecen y desaparecen: “Más voces. Más libertad de expresión. Más participación federal. Más trabajo”.
El cierre es “Una ley para que hablemos todos”. La publicidad, que aparece antes, durante y después de las transmisiones de fútbol, lleva la firma de la Secretaría de Medios de Comunicación de la jefatura de Gabinete de Ministros, de la Presidencia de la Nación.
El segundo de los avisos muestra imágenes difusas y una leyenda que reza: “Hace 20 años, la televisión por cable era un lujo. Hoy también”. Nuevamente, el azul de fondo para anunciar que “es tiempo...”. Por último, dice: “Hace 30 años, ver el clásico del domingo en vivo no era para cualquiera”. “Hoy tampoco”. “Es tiempo...”.

La clave de la pelea, en un artículo del texto de Cristina
Entre los 157 artículos que integran las 163 páginas del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner envió al Congreso sólo hay uno que desvela a los grupos que concentran la mayor cantidad de medios del país: el que regula los límites a la acumulación de licencias y establece las pautas para mantener el negocio. En dos páginas se esconde el motivo de la batalla entre la Casa Rosada y los multimedios.
La Ley de Radiodifusión que impuso el gobierno militar de Jorge Rafael Videla estableció un límite estricto para evitar la formación de monopolios u oligopolios en el mercado de los medios: en su artículo 48 acotó a cuatro el número de licencias que una misma persona o empresa podía poseer. En 1999, mientras trabajaba para lograr su re-reelección, Carlos Saúl Menem derogó esa cláusula y, a pedido de los principales holdings del país, les permitió acumular hasta 24 estaciones de radio o televisión.
La flexibilización de la norma no impidió que esas compañías –especialmente el Grupo Clarín– expandieran su dominio por fuera de los límites legales. Ciertamente, en los últimos años el Comité Federal de Radiodifusión, el órgano que debe controlar el uso del espectro radioeléctrico, se convirtió en una oficina al servicio de la burocracia privada.
El proyecto que envió la Presidenta al Parlamento pretende reducir nuevamente la cantidad de medios que una misma sociedad puede acumular: ahora se permitirán hasta diez. El artículo 38 del proyecto de ley, que reemplazará al viejo artículo 48, suma otras restricciones, que no figuraban en la normativa de la dictadura y que desvelan a los empresarios. Si se sanciona el plan Cristina, los cableoperadores no podrán ser propietarios en forma simultánea de canales de aire, y sólo podrán tener una señal propia para emitir por el servicio pago. Además, una misma empresa de TV paga no podrá estar en más de 24 localidades. Hoy no hay límites territoriales para el avance de esas compañías.

Fuente: Crítica de la Argentina

Insólita fe de erratas al votarse la ley de medios en el Senado

Fue para corregir errores en dos artículos. Así, el oficialismo evitó que se revisaran en el recinto y que el texto tuviera que volver a Diputados. El vicepresidente Cobos ordenó investigar. La oposición denunció que fue "una maniobra irregular".


www.ahorainfo.com.ar/.../2009/04/medios1.jpg Una oscura maniobra para corregir mediante una insólita "fe de erratas" dos de los errores detectados en el texto de la ley de medios sancionada en la madrugada del sábado por el Senado, está a punto de hundir en el escándalo el trámite seguido para la aprobación del proyecto.

El apuro con el que el kirchnerismo quiso sacar la ley, sin permitir que se revisen las fallas con la que salió de Diputados, podría jugarle una mala pasada al Gobierno. Una meticulosa lectura de la promulgación de la norma por parte del Poder Ejecutivo, publicada el mismo sábado en el Boletín Oficial, llevó luz sobre una anormalidad flagrante: la transcripción de los artículos 95 y 124 no coinciden con los del dictamen votado en la Cámara alta sin tocarle una coma a la media sanción que le llegó de Diputados. Si le hacía alguna modificación, aún la más leve, el proyecto debía volver a la Cámara baja y es lo que quiso evitar a toda costa el oficialismo.

Durante la sesión del Senado, el senador cordobés Carlos Rossi, enrolado en el juecismo, advirtió reiteradamente -sin éxito- que esos dos artículos contenían serias incoherencias, por remitir a otras cláusulas que no nada tenían que ver con el tema al que se referían.Ayer fue el primero en denunciar que la promulgación de la ley resultaba inválida, por haber incorporado las modificaciones que el bloque K le impidió introducir. Por un principio constitucional, el Gobierno solo puede refrendar una ley tal como fue votada o recurrir al veto, cosa que no sucedió.

Hurgando en las causas de esa maniobra, Clarín descubrió que en realidad el cambio en el texto no fue responsabilidad del Ejecutivo sino obedeció a una jugada perpetrada en el mayor de los secretos por funcionarios de ambas cámaras ligados al oficialismo.

La movida consistió en el envío de una "fe de erratas" desde la Cámara baja mientras el Senado estaba en pleno debate de la ley. Y pese a que en ningún momento fue puesta en tratamiento -tal como consta en la versión taquigráfica donde se transcriben las 20 horas de sesión- en el sitio Web de la Cámara alta figura como sancionada el viernes 9 de octubre, antes de que se aprobara la norma, por la madrugada. Así consta en el expediente 54/09 que aparece publicado parcialmente en el portal del Senado, sin revelar su contenido completo. El único senador que admitió a Clarín conocer la "fe de erratas" fue Miguel Pichetto, titular del bloque oficialista.

En el despacho del vicepresidente Julio Cobos, quien presidió la sesión y firmó la sanción que fue remitida de inmediato al Poder Ejecutivo, le cargan las culpas al secretario parlamentario del Senado, Juan Estrada, quien lleva años en el cargo y llegó de la mano del peronismo. La nota correctiva le fue remitida por el secretario parlamentario de Diputados, Enrique Hidalgo, quien responde directamente al titular de esa Cámara, el ultrakirchnerista Eduardo Fellner. La Cámara baja fue habilitada a reordenar el texto cuando allí se votó la ley. Pero tras los 5 días que se tomó para enviarlo al Senado, los errores detectados no se habían subsanado.

Anoche, Cobos le envió a Estrada una nota exigiéndole explicaciones y, a pedido del senador Rossi, ordenó que se investiguen los hechos. Consultados por Clarín, el presidente provisional del Senado, el kirchnerista José Pampuro, y Ernesto Sanz, jefe de los senadores de la UCR, el principal de la oposición, aseguraron no haber sido informados sobre el ingreso de la "fe de erratas". Sanz avanzó más y advirtió que de ser cierto que el Ejecutivo recibió un texto modificado sin el voto de los senadores en el recinto, "se trata de una enorme irregularidad". Y advirtió que "este es un jalón más que ataca la vigencia de la ley".

Los errores al que hizo referencia el senador Rossi en la sesión –y que ya había anticipado durante el debate en el plenario de comisiones– quedan explicitados en los artículos 95 y 124 de la ley votada por la Cámara de Senadores.

En el 124 se habla de la conformación del Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos y se explica cómo se va a conformar. En el segundo párrafo señala: "Sin perjuicio de las facultades de incorporación de miembros conforme al artículo 116, estará integrado por miembros de reconocida trayectoria en los ámbitos de la cultura, educación o la comunidad del país". Pero, curiosamente, en el artículo 116 no se hace mención al tema. Se habla de emisoras ilegales. Por ese motivo, el texto publicado en el Boletín Oficial remite al artículo 126, que sí contiene referencias al "reglamento" del Consejo Consultivo.
Una situación calcada se da en el artículo 95. Se sostiene en el segundo párrafo: "El Banco de la Nación Argentina transferirá en forma diaria los montos que correspondan conforme a la previsto en el artículo 88". Es decir, se habla de facturación. Nada que ver: ni una palabra surge del asunto en ese artículo, que se refiere a "la regulación técnica de los servicios". En el texto corregido se remite, con toda lógica, al artículo 97, que se titula "Destino de los fondos recaudados".

En el acalorado debate que tuvo lugar en la Cámara alta, tanto Rossi como otros senadores opositores hicieron hincapié en la serie de errores que contenía el texto aprobado por los diputados y lo atribuyeron, en la mayoría de los casos, al apuro y la desprolijidad con la que debatieron la norma. Como en esa Cámara se hicieron modificaciones a último momento al proyecto oficial, pero no se dio margen para una análisis profundo –según señalaron desde el arco anti K– en la renumeración del articulado se cometieron gruesos errores. También hubo alguno semántico: la senadora María Eugenia Estenssoro detectó que en el artículo 47 se quiso poner que las licencias se revisarían cada dos años, pero quedó la palabra "bianual", que quiere decir dos veces al año, y no "bienal", que era la correcta. Pero ese término no fue modificado ni por el Senado, ni por el Poder Ejecutivo.

Cuando Rossi, dirigente del riñón del ex intendente Luis Juez, detectó los vicios del texto durante la sesión, había señalado: "Hoy siento que el Senado de la Nación no sólo se ha convertido en la escribanía del Poder Ejecutivo, sino que –con tristeza lo digo– nos hemos convertido también en una escribanía de la Cámara de Diputados. Fíjense que ni siquiera hemos tenido capacidad para ponernos firmes y corregir horrores de redacción que vinieron de Diputados". Ayer, el primero en hacer públicas las modificaciones detectadas en la promulgación de la ley fue un blog de Internet. Luego, se supo que Rossi ya estaba preparando un escrito, que hizo llegar al despacho de Cobos, reclamando una investigación de lo sucedido y alega que con las modificaciones realizadas sin atravesar la votación del Congreso "nos encontraríamos ante la vigencia de una ley -de por sí muy cuestionada, que ahora enfrenta esta nueva irregularidad.

Fuente: Diario UNO Santa Fe

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Como Muhammad Ali, pero es Nestor Kirchner

A las puertas de un triunfo inimaginable de Kirchner



Esta semana el Gobierno puede conseguir un triunfo político que tres meses atrás era inimaginable. Si aprueban la ley de medios, el Gobierno le deberá un favor enorme a Julio Grondona, el zar de la AFA. Fue el rompimiento del contrato de la transmisión del fútbol lo que abrió la brecha por donde forzar la sanción de la nueva ley de radiodifusión.

Uno a uno, el oficialismo cuenta los días para llegar al viernes. Ese día, el Senado aprobará la ley de medios audiovisuales. Lo hará sin cambiar una coma al proyecto votado en la Cámara de Diputados, si consigue, como se prevé, mantener el bloque legislativo sin resquebrajamientos. Hubo un intento de rebelión, la del senador Jenefes, que fue abortado.

Sería una sorpresa que la oposición pudiera romper la barrera kirchnerista para introducir algún cambio en la votación en particular de la ley. Algo que los diputados opositores podrían haber logrado, quizá, si se hubieran quedado en el recinto cuando se votó la ley, en la madrugada del jueves 17 de septiembre. Pero eso es parte del pasado y la única alternativa que les queda a los senadores opositores que resisten la iniciativa oficialista es dar el debate y tratar de introducir algún cambio cuando se vote artículo por artículo.



Ese paso, en caso de darse, obligaría a un nuevo tratamiento en la Cámara de Diputados. Pero será estirar la agonía, dicen algunos diputados que creen que la ley ya está en el bolsillo de Néstor Kirchner. El ex presidente ha demostrado, herido y vapuleado como quedó tras las elecciones del 28 de junio pasado, que dará pelea hasta el final. Pero desnudó las carencias de la oposición, huérfana de reflejos e incapaz de hacer otra cosa que correr detrás de la iniciativa política del líder del oficialismo.

Pero no todo se presenta sencillo para los planes kirchneristas. Comienzan a aparecer fisuras en uno de los frentes hasta ahora impensados para el Gobierno. El clima de agitación que se ha disparado con el conflicto de la planta de Terrabusi puede hacer los días insoportables para el Gobierno, acostumbrado a tener el control de la calle, si no pueden frenar el descontento y el avance de los piquetes.

Por Jorge Rosales
Especial para lanacion.com

CONFUSO FINAL EN EL DEBATE POR LAS AUDIENCIAS PUBLICAS 03-09-09

El senador kirchnerista dijo que firmará en disidencia para "no convertir en rehén al bloque del FPV"; Pichetto adelantó que mañana habrá despacho de comisión y que la iniciativa se debatirá en el recinto el jueves 8. Guillermo Jenefes dijo que lo firmará. "El gobierno va a tener la ley que quiere, y no una buena ley", dijo el senador radical Ernesto Sanz.
El presidente del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, señaló que el dictamen del plenario de comisiones será firmado mañana y el titular de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, Guillermo Jenefes (FPV-Jujuy) confirmó que dará su aval en disidencia.
De esa manera, Jenefes decidió colaborar con la obtención del dictamen necesario por parte del oficialismo, para el tratamiento del proyecto de radiodifusión en la Cámara Alta.
"He cumplido mi rol con dignidad, he tratado de que vengan las mayores cantidad de voces, pero esto es una democracia en donde no tengo otra opción que poner a consideración lo dispuesto por el presidente del bloque en cuanto a la agenda. Este senador de ninguna manera tomará de rehen al bloque oficialista. Seguramente firme un dictamen en disidencia", aseguró Jenefes.
A su turno en el plenario de comisiones, el jefe de bloque de senadores de la UCR, Ernesto Sanz, criticó la decisión y dijo que el gobierno "va a tener la ley que quiere, y no una buena ley".

Mensaje de AdEPA. Gustavo Vittori, presidente del Consejo Ejecutivo de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), afirmó hoy que el proyecto oficial de ley de Medios "deja espacios demasiados grandes para la discrecionalidad, que la vuelve muy peligrosa" y advirtió que si es aprobado con el texto actual "en poco tiempo nos vamos a arrepentir".
"Este proyecto de ley deja espacios demasiado grandes para la discrecionalidad, que la vuelve peligrosa. La Argentina tiene una propensión al desborde, que es intentado ser contenido por las instituciones: Dejar artículos demasiado abiertos deja mucha discrecionalidad para la Autoridad de Aplicación, de la que en poco tiempo nos vamos a arrepentir", enfatizó.
Vittori expuso durante la jornada de consulta promovida por las cuatro comisiones que analiza la iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados, aunque prefirió dejar un texto escrito y dedicó su participación a responder algunas afirmaciones vertidas durante el debate.




Debate con gobernadores. La penúltima jornada de exposiciones en el plenario de comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda e Industria y Comercio comenzó hoy poco después de las 10. Participaron los gobernadores de Chaco, Jorge Capitanich, y de Córdoba, Alberto Rodríguez Saá; refententes de varias universidades y de entidades periodísticas.
Los gobernadores de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, y de Chaco, Jorge Capitanich, manifestaron hoy posiciones opuestas respecto a las eventuales consecuencias del proyecto de ley de medios sobre la libertad de expresión, en el marco del análisis que realizan cuatro comisiones del Senado.
Rodríguez Saá sostuvo que se "está ninguneando" el artículo 32 de la Constitución Nacional que establece que el Congreso no puede dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal.
Según Rodríguez Saá, la jurisprudencia sostiene que la prohibición de legislar "al Congreso Federal también es a las provincias argentinas" en cuanto al dictado de leyes que restrinjan la libertad de expresión, lo cual a su entender comprende la regulación de las licencias e incluso a la producción cinematográfica.
En ese marco, el mandatario advirtió que si la ley -a la cual llamó "la ley Rififí", aludiendo a una antigua película sobre un ladrón- resulta finalmente sancionada, recurrirá a la Corte Suprema de Justicia para que declare su inconstitucionalidad y, si no lo logra, hará lo propio ante instancias internacionales.
"Lo que debe hacer el Estado Nacional es establecer el espectro que no se puede utilizar por razones de tratados internacionales, navegación aérea o seguridad nacional, el resto tiene que quedar libre, absolutamente libre, como hay libertad para poner una imprenta", argumento el gobernador puntano.
El mandatario provincial apuntó que hay "muchísimo espacio en el espectro para ser utilizado" con lo que justificó que "la mayoría de las radios en San Luis son ilegales" porque entiende que el uso del espacio radiofónico "tiene que ser libre" y, con ironía, abogó para que "no se le ocurra al Gobierno argentino discutir la regulación de la Internet".
Rodríguez Saá sostuvo que la ley en estudio tendría directamente que derogar la actual 22.285 de la dictadura y opinó que hacer que el Estado mantenga atribuciones en el otorgamiento de licencias "es una oficina de peaje".
Capitanich confrontó con Rodríguez Saá sobre la facultad del Congreso Nacional de sancionar una ley vinculada a la libertad de expresión al precisar que "desde el punto de vista dogmático constitucional así como existe el artículo 32 de la Constitución Nacional" existe el artículo 75 inciso 19 que dispone dictar leyes que protejan también "los espacios culturales y audiovisuales".
El gobernador chaqueño asumió la posición favorable a la ley como "defensa plena e irrestricta del federalismo, como expresión genuina de la defensa de los intereses de nuestra provincia" para que "no haya un mensaje unidireccional del centro a la periferia".
En ese orden, se mantuvo en la línea del Poder Ejecutivo Nacional al asegurar que "la República Argentina tiene absoluta e irrestricta libertad de expresión" por lo que "entender que esta ley es una ley mordaza sensiblemente atenta contra el sentido común, que es el mas común de los sentidos".
Capitanich se consideró con "autoridad moral" para opinar sobre la ley en estudio porque recordó que siendo senador nacional "he defendido aquí a todos los medios, cuando defendí la ley de bienes culturales, pero eso no significa defender la concentración de los medios y actitudes monolíticas".
Además, el gobernador sostuvo que "es necesario que en la República Argentina no existan más emisoras ilegales”. En esta línea agregó: “Tenemos que contar con un programa de regulación del espectro radioeléctrico y del uso de frecuencias, con todas las exigencias correspondientes, para que ningún radiodifusor tenga ni deudas impositivas, ni previsionales ni empleos en negro, y garantizar la dignidad de las personas que trabajan para defender las fuentes laborales y los convenios colectivos de trabajo”.
Finalmente, el primer mandatario provincial aseguró: “No me preocupa que de ahora en más, por lo que he declarado aquí, hagan operaciones de prensa en mi contra todos los días. Vine para defender con convicción los leales principios del sistema republicano y democrático de gobierno y la libertad de expresión, banderas políticas que me llevaron a ser gobernador de mi Provincia”, concluyó".
En la reunión de consulta se esperaba también contar con el gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, pero finalmente no concurrió.

Varios. Se escucharon también los argumentos del Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica y Computación, la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Ingeniería de la UBA, de la Universidad de San Martín, de la Universidad de Salta y de la de Villa María.
También participaron las entidades que agrupan a distintas organizaciones relacionadas con el quehacer de los medios. Expondrán representantes del Foro de Periodismo Argentino (FoPeA), de la Academia Nacional de Periodismo, de la Academia Argentina de Artes y Ciencias de la Comunicación, y de la Asociación Iberoamericana del Derecho a la Información y Comunicación (AIDIC). Se presentó el rabino Sergio Bergman y referentes de la agrupación Carta Abierta.

Fuente: Agencia DyN

La Buena Noticia sobre la Ley de Medios Audiovisuales

“Mi propósito es esencialmente de dotar a la sociedad argentina un instrumento que pueda permitir las voces de todos y se desmonopolice este sector”, aseguró La Presidenta Cristina Fernández.

La Presidenta Cristina Fernandez de Kirchner dio marcha atrás con el permiso a las telefónicas para meterse en el negocio del cable y ese aspecto será eliminado del texto que el kircherismo propuso en el Congreso. Es la primera gran concesión que el Gobierno debe hacer alrededor del proyecto de ley de medios. Y tiene su origen en fortísimos cuestionamientos del arco político –por derecha y por izquierda, como admitió la propia Presidenta- y de entidades de prensa.

Lo hizo a través de una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, en la que de todos modos defendió sin vueltas lo que mostró como el espíritu de la iniciativa: la justificó por "la convergencia tecnológica que en algún momento se va a dar".

"Una de las objeciones, la fundamental, se constituyó en que en realidad estaríamos sustituyendo un monopolio por otro en razón de la inclusión de las telefónicas. Es un avance porque hemos admitido que hay un monopolio. Creo sinceramente que la inclusión de las telefónicas tiene que ver con principios que están en la ley . Y tiene que ver con la convergencia tecnológica que en algún momento se va a dar. Pero habiendo sido esta la objeción, vamos a eliminar en el anteproyecto que las telefónicas puedan participar", planteó Cristina.



Además, esgrimió que existía la necesidad de "desterrar de esta manera uno de los principales escollos y las excusas que le pueden haber servido a otros para no poder tratar la ley".

Lo cierto es que el Gobierno accedió a eliminar la posibilidad de desembarco de las telefónicas en el cable en medio de una negociación intensa en Diputados y en el Senado, por los votos necesarios para aprobar el proyecto. Esa era una de las principales objeciones de los sectores de centroizquierda que negociaban un acuerdo con el oficialismo para apoyar el proyecto del Poder Ejecutivo.

El gobierno apuesta, con la medida recién anunciada por Cristina, a terminar de convencer a sectores del bloque que encabeza Eduardo Macaluse, a otros del radicalismo K y algunos críticos de las propias filas del bloque oficialista. Con este cambio, el Gobierno estima que conseguirá la mayoría para aprobar en Diputados la llamada Ley de Medios.

Sin embargo, hay sectores de centroizquierda encabezados por Claudio Lozano, de Proyecto Sur, el bloque socialista y Miguel Bonasso que además de cuestionar el ingreso de las telefónicas al mercado de medios, hacen objeciones a otros puntos clave del proyecto oficial, que hasta ahora no han sido modificados.

La Presidenta lo anunció hace minutos de un modo inusual. Fue en el prólogo a una rueda de prensa en el Salón Sur de la Casa Rosada, en la que la jefa de Estado sólo respondió "únicamente preguntas relacionadas con ese proyecto de ley".

Estuvo acompañada por el titular del COMFER, Gabriel Mariotto. Allí, más allá de la mención a la discusión sobre el rol de las telefónicas en el proyecto, la jefa de Estado tomó las riendas de una fuerte defensa del texto kirchnerista. "Este proyecto no incluye en ningún articulado cómo debe ser el contenido de la publicación", argumentó. Y calificó de "inédito por su amplitud" el debate que se lleva a cabo en el Congreso.

Además, negó que Néstor Kirchner tenga influencia en sus decisiones, y advirtió que "plantear eso es faltar el respeto". "En la Argentina la presidenta es Cristina Fernández, que está casada con Néstor Kirchner", afirmó la jefa de Estado, que defendió que sea el actual Congreso el que sancione la ley de medios y no los legisladores que asuman a partir del 10 de diciembre, porque afirmó: "el Congreso siempre tiene legalidad y legitimidad".

Fuente: Clarin.com