www.comentarionacional.com/busqueda%20ataque.gif La entidad que agrupa a representantes de empresas periodísticas además se mostró preocupada de que "no se haya legislado sobre el abuso del Estado en materia de distribución de publicidad oficial demandado por un fallo de la Corte Suprema de Justicia"
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lamentó hoy el "clima polémico y politizado" que se registró en torno a la aprobación de la ley de servicios de comunicación audiovisual.
La entidad que agrupa a representantes de empresas periodísticas además se mostró preocupada de que "no se haya legislado sobre el abuso del Estado en materia de distribución de publicidad oficial demandado por un fallo de la Corte Suprema de Justicia".
Expresó su "solidaridad con las entidades periodísticas y medios de comunicación que criticaron varias normas de la nueva legislación, especialmente aquellas que entregan al Estado un amplio poder discrecional para controlar la actividad del periodismo mediante un órgano con la mayoría de representantes del Poder Ejecutivo, y que tendrá la potestad de revisar las licencias cada dos años".
"El apresuramiento y la politización en torno a la aprobación de la nueva norma, podría ser la razón de la inexistencia de un diálogo profundo entre los políticos y los dirigentes gubernamentales", señaló el presidente de la SIP, Enrique Santos Calderón, en un comunicado.
Calderón, del diario El Tiempo de Colombia, hizo así referencia "a la exclusión de normas que regulen en materia de publicidad oficial, desconociéndose las recomendaciones de la Corte Suprema de Justicia, que en un fallo de septiembre de 2007, estableció que el Gobierno no puede utilizar los recursos públicos para premiar o castigar a los medios de comunicación".
"Es triste que el clima polémico y politizado haya desvirtuado el sentido de una legislación, que terminó siendo revanchista, olvidándose de la pluralidad pregonada", señaló Calderón.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de esa entidad, Robert Rivard, del periódico estadounidense San Antonio Express-News, dijo que la SIP "se mantendrá en alerta sobre la situación".
Anunció que la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (Adira) y el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) "podrán seguir debatiendo este tema en la asamblea general que la institución hemisférica realizará entre el 6 y el 10 de noviembre en Buenos Aires".
El senador kirchnerista dijo que firmará en disidencia para "no convertir en rehén al bloque del FPV"; Pichetto adelantó que mañana habrá despacho de comisión y que la iniciativa se debatirá en el recinto el jueves 8. Guillermo Jenefes dijo que lo firmará. "El gobierno va a tener la ley que quiere, y no una buena ley", dijo el senador radical Ernesto Sanz. El presidente del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, señaló que el dictamen del plenario de comisiones será firmado mañana y el titular de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, Guillermo Jenefes (FPV-Jujuy) confirmó que dará su aval en disidencia. De esa manera, Jenefes decidió colaborar con la obtención del dictamen necesario por parte del oficialismo, para el tratamiento del proyecto de radiodifusión en la Cámara Alta. "He cumplido mi rol con dignidad, he tratado de que vengan las mayores cantidad de voces, pero esto es una democracia en donde no tengo otra opción que poner a consideración lo dispuesto por el presidente del bloque en cuanto a la agenda. Este senador de ninguna manera tomará de rehen al bloque oficialista. Seguramente firme un dictamen en disidencia", aseguró Jenefes. A su turno en el plenario de comisiones, el jefe de bloque de senadores de la UCR, Ernesto Sanz, criticó la decisión y dijo que el gobierno "va a tener la ley que quiere, y no una buena ley".
Mensaje de AdEPA. Gustavo Vittori, presidente del Consejo Ejecutivo de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), afirmó hoy que el proyecto oficial de ley de Medios "deja espacios demasiados grandes para la discrecionalidad, que la vuelve muy peligrosa" y advirtió que si es aprobado con el texto actual "en poco tiempo nos vamos a arrepentir". "Este proyecto de ley deja espacios demasiado grandes para la discrecionalidad, que la vuelve peligrosa. La Argentina tiene una propensión al desborde, que es intentado ser contenido por las instituciones: Dejar artículos demasiado abiertos deja mucha discrecionalidad para la Autoridad de Aplicación, de la que en poco tiempo nos vamos a arrepentir", enfatizó. Vittori expuso durante la jornada de consulta promovida por las cuatro comisiones que analiza la iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados, aunque prefirió dejar un texto escrito y dedicó su participación a responder algunas afirmaciones vertidas durante el debate.
Debate con gobernadores. La penúltima jornada de exposiciones en el plenario de comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda e Industria y Comercio comenzó hoy poco después de las 10. Participaron los gobernadores de Chaco, Jorge Capitanich, y de Córdoba, Alberto Rodríguez Saá; refententes de varias universidades y de entidades periodísticas. Los gobernadores de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, y de Chaco, Jorge Capitanich, manifestaron hoy posiciones opuestas respecto a las eventuales consecuencias del proyecto de ley de medios sobre la libertad de expresión, en el marco del análisis que realizan cuatro comisiones del Senado. Rodríguez Saá sostuvo que se "está ninguneando" el artículo 32 de la Constitución Nacional que establece que el Congreso no puede dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal. Según Rodríguez Saá, la jurisprudencia sostiene que la prohibición de legislar "al Congreso Federal también es a las provincias argentinas" en cuanto al dictado de leyes que restrinjan la libertad de expresión, lo cual a su entender comprende la regulación de las licencias e incluso a la producción cinematográfica. En ese marco, el mandatario advirtió que si la ley -a la cual llamó "la ley Rififí", aludiendo a una antigua película sobre un ladrón- resulta finalmente sancionada, recurrirá a la Corte Suprema de Justicia para que declare su inconstitucionalidad y, si no lo logra, hará lo propio ante instancias internacionales. "Lo que debe hacer el Estado Nacional es establecer el espectro que no se puede utilizar por razones de tratados internacionales, navegación aérea o seguridad nacional, el resto tiene que quedar libre, absolutamente libre, como hay libertad para poner una imprenta", argumento el gobernador puntano. El mandatario provincial apuntó que hay "muchísimo espacio en el espectro para ser utilizado" con lo que justificó que "la mayoría de las radios en San Luis son ilegales" porque entiende que el uso del espacio radiofónico "tiene que ser libre" y, con ironía, abogó para que "no se le ocurra al Gobierno argentino discutir la regulación de la Internet". Rodríguez Saá sostuvo que la ley en estudio tendría directamente que derogar la actual 22.285 de la dictadura y opinó que hacer que el Estado mantenga atribuciones en el otorgamiento de licencias "es una oficina de peaje". Capitanich confrontó con Rodríguez Saá sobre la facultad del Congreso Nacional de sancionar una ley vinculada a la libertad de expresión al precisar que "desde el punto de vista dogmático constitucional así como existe el artículo 32 de la Constitución Nacional" existe el artículo 75 inciso 19 que dispone dictar leyes que protejan también "los espacios culturales y audiovisuales". El gobernador chaqueño asumió la posición favorable a la ley como "defensa plena e irrestricta del federalismo, como expresión genuina de la defensa de los intereses de nuestra provincia" para que "no haya un mensaje unidireccional del centro a la periferia". En ese orden, se mantuvo en la línea del Poder Ejecutivo Nacional al asegurar que "la República Argentina tiene absoluta e irrestricta libertad de expresión" por lo que "entender que esta ley es una ley mordaza sensiblemente atenta contra el sentido común, que es el mas común de los sentidos". Capitanich se consideró con "autoridad moral" para opinar sobre la ley en estudio porque recordó que siendo senador nacional "he defendido aquí a todos los medios, cuando defendí la ley de bienes culturales, pero eso no significa defender la concentración de los medios y actitudes monolíticas". Además, el gobernador sostuvo que "es necesario que en la República Argentina no existan más emisoras ilegales”. En esta línea agregó: “Tenemos que contar con un programa de regulación del espectro radioeléctrico y del uso de frecuencias, con todas las exigencias correspondientes, para que ningún radiodifusor tenga ni deudas impositivas, ni previsionales ni empleos en negro, y garantizar la dignidad de las personas que trabajan para defender las fuentes laborales y los convenios colectivos de trabajo”. Finalmente, el primer mandatario provincial aseguró: “No me preocupa que de ahora en más, por lo que he declarado aquí, hagan operaciones de prensa en mi contra todos los días. Vine para defender con convicción los leales principios del sistema republicano y democrático de gobierno y la libertad de expresión, banderas políticas que me llevaron a ser gobernador de mi Provincia”, concluyó". En la reunión de consulta se esperaba también contar con el gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, pero finalmente no concurrió.
Varios. Se escucharon también los argumentos del Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica y Computación, la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Ingeniería de la UBA, de la Universidad de San Martín, de la Universidad de Salta y de la de Villa María. También participaron las entidades que agrupan a distintas organizaciones relacionadas con el quehacer de los medios. Expondrán representantes del Foro de Periodismo Argentino (FoPeA), de la Academia Nacional de Periodismo, de la Academia Argentina de Artes y Ciencias de la Comunicación, y de la Asociación Iberoamericana del Derecho a la Información y Comunicación (AIDIC). Se presentó el rabino Sergio Bergman y referentes de la agrupación Carta Abierta.
