Grandes grupos perderían el 76% de las licencias. Entre Clarín, Uno, Prisa y algunas empresas del interior concentran 360 permisos para tener radios, canales de televisión y servicios de TV por cable. La nueva norma los obligaría a ceder 276 medios.
Por: Jésica Bossi y Damián Glanz
La nueva ley de Radiodifusión partirá en mil pedazos el mapa de medios: los siete grupos más importantes del país podrían perder 276 de un total de 360 licencias que hoy tienen en su poder. Entre presiones oficiales y del fuerte lobby empresarial, esta semana se larga la discusión de la iniciativa K en el Congreso.
De aprobarse la ley tal cual está, el máximo perdedor será el Grupo Clarín, que se vería obligado a ceder 236 de las 264 licencias que el Comité Federal de Radiodifusión (ComFeR) identificó en manos del multimedios. El Gobierno desarmará el negocio estratégico de la empresa que conduce Héctor Magnetto: el cable. En ese rubro, mueve 3.000 millones de pesos anuales, lo que representa la mitad de su facturación global.
Según datos que manejan en Balcarce 50, el grupo tiene participación en cinco operadoras: Cablevisión (56%), Multicanal (55%), Cablevisión Digital (48,94%), Teledigital Cable SA (49,94%) y Supercanal Holding (20%, donde es socio de Vila-Manzano). En total, suma 244 licencias y concentra el 47% de los abonados el país. Con la nueva regulación que establece un tope de 24, el holding tendría que sacrificar 220 permisos.
No es compatible, según la nueva norma, ser cableoperador y poseer señales de TV abierta. Como consecuencia, debería optar entre el cable o Canal 13, Canal 6 (Bariloche), Canal 7 (Bahía Blanca), Canal 10 (General Roca) y Canal 12 (Córdoba). La sangría no terminará allí: tendrá que elegir entre una de las ocho señales de cable. Hoy, posee Todo Noticias, Volver, Magazine, Metro, TyC Sports, TyCMax, Canal Rural y Quiero Música en mi Idioma. Por los canales de aire y suscripción el año pasado facturó 555 millones de pesos.
Hay más: al mismo tiempo que el Gobierno lanzó el año pasado la batalla mediática, en paralelo con la guerra gaucha, la Presidenta instruyó al ComFeR que revise las habilitaciones que poseían los “generales multimediáticos”. Ese relevamiento determinó que al menos cinco de las radios que controla Clarín no estarían en regla. Son AM 810 (Córdoba)*, FM 102.9 (Córdoba), FM 100.3 (Mendoza), FM 96.5 (Bahía Blanca) y FM 99.5 (Tucumán). El Grupo Uno, de los mendocinos Daniel Vila y José Luis Manzano, es el segundo desfavorecido. Su firma Supercanal Holding es el tercer cableoperador más importante del país. Controla 30 licencias. De entrada, perderá seis habilitaciones**.
El conglomerado cuyano debe sortear la misma complicación que Clarín porque posee canales de aire, entre ellos, América TV, Canal 13 (Junín, Buenos Aires), Canal 7 (Mendoza), Telesur Canal 6 (San Rafael), Canal 8 (San Juan) y Canal 5 (San Juan). Además, el Grupo Uno controla 15 emisoras de radio, entre ellas, La Red. En principio, tiene que deshacerse de cinco. Luego, habría otro escollo: para el Estado, al menos dos (FM 98.5 de Rosario y FM 94.9 de Río Cuarto) no tienen la habilitación “legalmente otorgada”.
De capitales españoles, el Grupo Prisa, en el peor de los casos, podría perder sus once licencias de radio y su panorama más optimista lo limita a seis sacrificios.
Es que hay seis emisoras que son consideradas por el ComFeR como flojas de papeles. Organismo analizan la estructura jurídica de la empresa desde el inicio de la guerra gaucha. Es que la actual Ley de Radiodifusión –al igual que la nueva– y la de bienes culturales establecen un tope de 30% el capital extranjero en los medios. El grupo ibérico se las ingenió –con la venia oficial– para ingresar al mercado con un ardid legal: el Grupo Prisa no compró la radio como una empresa española, sino que lo hizo mediante la firma ibérica Carsa (30%) y GLR (70%), con sede en Delaware, Estados Unidos. Esa operación fue considerada viable porque existe el Tratado de Reciprocidad de inversiones con Estados Unidos.
En las provincias, habrá conglomerados con bajas importantes. Por ejemplo, Cadena 3, de origen cordobés, posee 19 licencias a nivel nacional. Con la nueva norma, debería desprenderse de nueve. El Grupo Ick, histórico en Santiago del Estero, es propietario de Teleimagen Codificada S.A.
La norma K lo conminará a desprenderse de Canal 7 y sus 31 repetidoras, aunque conservaría sus dos FM (Meridiano y Panorama). Además, el multimedia provincial necesitará un permiso especial para poder operar porque es a la vez dueño de la empresa de energía eléctrica provincial.
Asoman como las beneficiarias del nuevo esquema las compañías de teléfono. Si bien la ley prohíbe que las empresas de servicios públicos sean licenciatarias de servicios audiovisuales, el artículo 25 inciso 2 –el “artículo de las telefónicas”– establece una excepción para Telefónica y Telecom. La española Telefónica ya le puso precio a su ingreso al mercado del triple play, es decir, a la posibilidad de vender el combo completo de telefonía, TV e internet. Pretende invertir u$s 1.700 millones para enfrentar al oligopolio Multicanal- Cablevisión-Fibertel. El plan de negocios incluye también el desprendimiento de sus actuales activos, es decir, sus nueve canales de TV de aire, entre ellos, Telefe.
A partir del nuevo tablero, habrá que readjudicar las licencias quitadas y, claro está, no podrán participar los mismos actores. Es entonces cuando desde la oposición advierten que el Gobierno terminará vendiendo los permisos a empresarios aliados y armará un espectro de medios amigos.
Un spot para defender el proyecto
El Gobierno preparó tres spots publicitarios para reforzar el consenso hacia las últimas medidas, como el acuerdo con la AFA o el envío de una nueva ley de medios.
El primero de los avisos comienza con imágenes en sepia y muestra al dictador Jorge Rafael Videla anunciando, en 1980, la Ley de Radiodifusión. Un texto aparece sobreimpreso: “Hace treinta años, la comunicación era manejada por unos pocos”, reza en letra mayúscula. “Hoy también”, dice el nuevo cartel.
La pantalla se torna entonces de un color azulado. “Es tiempo de mirar al futuro, hagamos hoy una ley para mañana”. “Nueva ley de servicios de comunicación audiovisual”. En letras amarillas, aparecen y desaparecen: “Más voces. Más libertad de expresión. Más participación federal. Más trabajo”.
El cierre es “Una ley para que hablemos todos”. La publicidad, que aparece antes, durante y después de las transmisiones de fútbol, lleva la firma de la Secretaría de Medios de Comunicación de la jefatura de Gabinete de Ministros, de la Presidencia de la Nación.
El segundo de los avisos muestra imágenes difusas y una leyenda que reza: “Hace 20 años, la televisión por cable era un lujo. Hoy también”. Nuevamente, el azul de fondo para anunciar que “es tiempo...”. Por último, dice: “Hace 30 años, ver el clásico del domingo en vivo no era para cualquiera”. “Hoy tampoco”. “Es tiempo...”.
La clave de la pelea, en un artículo del texto de Cristina
Entre los 157 artículos que integran las 163 páginas del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner envió al Congreso sólo hay uno que desvela a los grupos que concentran la mayor cantidad de medios del país: el que regula los límites a la acumulación de licencias y establece las pautas para mantener el negocio. En dos páginas se esconde el motivo de la batalla entre la Casa Rosada y los multimedios.
La Ley de Radiodifusión que impuso el gobierno militar de Jorge Rafael Videla estableció un límite estricto para evitar la formación de monopolios u oligopolios en el mercado de los medios: en su artículo 48 acotó a cuatro el número de licencias que una misma persona o empresa podía poseer. En 1999, mientras trabajaba para lograr su re-reelección, Carlos Saúl Menem derogó esa cláusula y, a pedido de los principales holdings del país, les permitió acumular hasta 24 estaciones de radio o televisión.
La flexibilización de la norma no impidió que esas compañías –especialmente el Grupo Clarín– expandieran su dominio por fuera de los límites legales. Ciertamente, en los últimos años el Comité Federal de Radiodifusión, el órgano que debe controlar el uso del espectro radioeléctrico, se convirtió en una oficina al servicio de la burocracia privada.
El proyecto que envió la Presidenta al Parlamento pretende reducir nuevamente la cantidad de medios que una misma sociedad puede acumular: ahora se permitirán hasta diez. El artículo 38 del proyecto de ley, que reemplazará al viejo artículo 48, suma otras restricciones, que no figuraban en la normativa de la dictadura y que desvelan a los empresarios. Si se sanciona el plan Cristina, los cableoperadores no podrán ser propietarios en forma simultánea de canales de aire, y sólo podrán tener una señal propia para emitir por el servicio pago. Además, una misma empresa de TV paga no podrá estar en más de 24 localidades. Hoy no hay límites territoriales para el avance de esas compañías.
Fuente: Crítica de la Argentina
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