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martes, 20 de octubre de 2009

Insólita fe de erratas al votarse la ley de medios en el Senado

Fue para corregir errores en dos artículos. Así, el oficialismo evitó que se revisaran en el recinto y que el texto tuviera que volver a Diputados. El vicepresidente Cobos ordenó investigar. La oposición denunció que fue "una maniobra irregular".


www.ahorainfo.com.ar/.../2009/04/medios1.jpg Una oscura maniobra para corregir mediante una insólita "fe de erratas" dos de los errores detectados en el texto de la ley de medios sancionada en la madrugada del sábado por el Senado, está a punto de hundir en el escándalo el trámite seguido para la aprobación del proyecto.

El apuro con el que el kirchnerismo quiso sacar la ley, sin permitir que se revisen las fallas con la que salió de Diputados, podría jugarle una mala pasada al Gobierno. Una meticulosa lectura de la promulgación de la norma por parte del Poder Ejecutivo, publicada el mismo sábado en el Boletín Oficial, llevó luz sobre una anormalidad flagrante: la transcripción de los artículos 95 y 124 no coinciden con los del dictamen votado en la Cámara alta sin tocarle una coma a la media sanción que le llegó de Diputados. Si le hacía alguna modificación, aún la más leve, el proyecto debía volver a la Cámara baja y es lo que quiso evitar a toda costa el oficialismo.

Durante la sesión del Senado, el senador cordobés Carlos Rossi, enrolado en el juecismo, advirtió reiteradamente -sin éxito- que esos dos artículos contenían serias incoherencias, por remitir a otras cláusulas que no nada tenían que ver con el tema al que se referían.Ayer fue el primero en denunciar que la promulgación de la ley resultaba inválida, por haber incorporado las modificaciones que el bloque K le impidió introducir. Por un principio constitucional, el Gobierno solo puede refrendar una ley tal como fue votada o recurrir al veto, cosa que no sucedió.

Hurgando en las causas de esa maniobra, Clarín descubrió que en realidad el cambio en el texto no fue responsabilidad del Ejecutivo sino obedeció a una jugada perpetrada en el mayor de los secretos por funcionarios de ambas cámaras ligados al oficialismo.

La movida consistió en el envío de una "fe de erratas" desde la Cámara baja mientras el Senado estaba en pleno debate de la ley. Y pese a que en ningún momento fue puesta en tratamiento -tal como consta en la versión taquigráfica donde se transcriben las 20 horas de sesión- en el sitio Web de la Cámara alta figura como sancionada el viernes 9 de octubre, antes de que se aprobara la norma, por la madrugada. Así consta en el expediente 54/09 que aparece publicado parcialmente en el portal del Senado, sin revelar su contenido completo. El único senador que admitió a Clarín conocer la "fe de erratas" fue Miguel Pichetto, titular del bloque oficialista.

En el despacho del vicepresidente Julio Cobos, quien presidió la sesión y firmó la sanción que fue remitida de inmediato al Poder Ejecutivo, le cargan las culpas al secretario parlamentario del Senado, Juan Estrada, quien lleva años en el cargo y llegó de la mano del peronismo. La nota correctiva le fue remitida por el secretario parlamentario de Diputados, Enrique Hidalgo, quien responde directamente al titular de esa Cámara, el ultrakirchnerista Eduardo Fellner. La Cámara baja fue habilitada a reordenar el texto cuando allí se votó la ley. Pero tras los 5 días que se tomó para enviarlo al Senado, los errores detectados no se habían subsanado.

Anoche, Cobos le envió a Estrada una nota exigiéndole explicaciones y, a pedido del senador Rossi, ordenó que se investiguen los hechos. Consultados por Clarín, el presidente provisional del Senado, el kirchnerista José Pampuro, y Ernesto Sanz, jefe de los senadores de la UCR, el principal de la oposición, aseguraron no haber sido informados sobre el ingreso de la "fe de erratas". Sanz avanzó más y advirtió que de ser cierto que el Ejecutivo recibió un texto modificado sin el voto de los senadores en el recinto, "se trata de una enorme irregularidad". Y advirtió que "este es un jalón más que ataca la vigencia de la ley".

Los errores al que hizo referencia el senador Rossi en la sesión –y que ya había anticipado durante el debate en el plenario de comisiones– quedan explicitados en los artículos 95 y 124 de la ley votada por la Cámara de Senadores.

En el 124 se habla de la conformación del Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos y se explica cómo se va a conformar. En el segundo párrafo señala: "Sin perjuicio de las facultades de incorporación de miembros conforme al artículo 116, estará integrado por miembros de reconocida trayectoria en los ámbitos de la cultura, educación o la comunidad del país". Pero, curiosamente, en el artículo 116 no se hace mención al tema. Se habla de emisoras ilegales. Por ese motivo, el texto publicado en el Boletín Oficial remite al artículo 126, que sí contiene referencias al "reglamento" del Consejo Consultivo.
Una situación calcada se da en el artículo 95. Se sostiene en el segundo párrafo: "El Banco de la Nación Argentina transferirá en forma diaria los montos que correspondan conforme a la previsto en el artículo 88". Es decir, se habla de facturación. Nada que ver: ni una palabra surge del asunto en ese artículo, que se refiere a "la regulación técnica de los servicios". En el texto corregido se remite, con toda lógica, al artículo 97, que se titula "Destino de los fondos recaudados".

En el acalorado debate que tuvo lugar en la Cámara alta, tanto Rossi como otros senadores opositores hicieron hincapié en la serie de errores que contenía el texto aprobado por los diputados y lo atribuyeron, en la mayoría de los casos, al apuro y la desprolijidad con la que debatieron la norma. Como en esa Cámara se hicieron modificaciones a último momento al proyecto oficial, pero no se dio margen para una análisis profundo –según señalaron desde el arco anti K– en la renumeración del articulado se cometieron gruesos errores. También hubo alguno semántico: la senadora María Eugenia Estenssoro detectó que en el artículo 47 se quiso poner que las licencias se revisarían cada dos años, pero quedó la palabra "bianual", que quiere decir dos veces al año, y no "bienal", que era la correcta. Pero ese término no fue modificado ni por el Senado, ni por el Poder Ejecutivo.

Cuando Rossi, dirigente del riñón del ex intendente Luis Juez, detectó los vicios del texto durante la sesión, había señalado: "Hoy siento que el Senado de la Nación no sólo se ha convertido en la escribanía del Poder Ejecutivo, sino que –con tristeza lo digo– nos hemos convertido también en una escribanía de la Cámara de Diputados. Fíjense que ni siquiera hemos tenido capacidad para ponernos firmes y corregir horrores de redacción que vinieron de Diputados". Ayer, el primero en hacer públicas las modificaciones detectadas en la promulgación de la ley fue un blog de Internet. Luego, se supo que Rossi ya estaba preparando un escrito, que hizo llegar al despacho de Cobos, reclamando una investigación de lo sucedido y alega que con las modificaciones realizadas sin atravesar la votación del Congreso "nos encontraríamos ante la vigencia de una ley -de por sí muy cuestionada, que ahora enfrenta esta nueva irregularidad.

Fuente: Diario UNO Santa Fe

sábado, 10 de octubre de 2009

El Senado aprobó sin cambios la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual



La Cámara alta convirtió en ley el proyecto de Medios de Comunicación Audiovisual con los votos del Frente para la Victoria y de algunos legisladores de la oposición, tras un extenso debate que se inició ayer a media mañana y terminó a las 6.10. La votación general arrojó 44 votos a favor y 24 en contra.


El Senado convirtió hoy en ley el proyecto oficial de comunicación audiovisual que promueve la pluralidad de voces y limita la alta concentración mediática, en una sesión maratónica que se extendió durante más de 20 horas.

La ley de medios propuesta por el Gobierno fue aprobada en general por 44 votos contra 24 y luego en particular sin modificaciones, tal como había sido enviada desde la Cámara de Diputados hace tres semanas.

Los votos del Frente para la Victoria y de algunos senadores de la oposición como el socialismo, Fuerza Republicana y los dos senadores del ex ARI de Tierra del Fuego fueron decisivos para aprobar la norma.

La nueva ley, que lleva el número 26522 y reemplaza a la ley de la dictadura 22285, prevé terminar con los monopolios en radios y televisión y darle participación en el espectro radiofónico a entidades sin fines de lucro, entidades con fines de lucro y al Estado Nacional, los tres por partes iguales.

Al retirarse, pasadas las 6, del Congreso finalizada la sesión, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, afirmó que la aprobación permitirá "democratizar definitivamente los medios en la Argentina" y dijo que el Gobierno trabajó "mucho tiempo” para elaborar la iniciativa.

Fernández explicó que el apoyo que recibió de senadores y diputados de otras fuerzas se debe a que la ley "tiene que cortar transversalmente a todo el mundo y tiene que ver con la política, con el proyecto que se piensa respecto de los medios y de la vocación que se tiene de transformación".

El subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López, aseguró por su parte que los medios audiovisuales tendrán "un año para adecuarse" a la nueva ley.

López desestimó que se estreche el margen de medios de comunicación audiovisual al evaluar que "si la ley se aplica tal cual está, lo que corresponde es vender, no que desaparezca un medio".

Y en ese sentido, estimó que "se armarán otras sociedades" y que con la nueva composición del Congreso a partir del 10 de diciembre "si quiere, se pueden hacer algunos ajustes".

El proyecto se debatió durante casi 20 horas, entre las 10.30 de la mañana del viernes 9 y las 6 de la mañana del sábado 10 de octubre, principalmente, porque hubo más de 50 oradores, la mayoría de los cuales habló durante por lo menos media hora.

Los ausentes de la votación fueron Roberto Urquía (PJ) y Norberto Massoni (UCR), de licencia por enfermedad, y Carlos Menem, del PJ disidente, que se fue del Congreso, y Emilio Rached, del radicalismo que llegó tarde al momento de votar.

A los votos afirmativos del Frente para la Victoria se sumaron el del socialista Rubén Giustiniani; el tucumano de Fuerza Republicana, Carlos Salazar; los fueguinos del ex ARI, María Rosa Díaz y José Martínez; y la radical correntina María Dora Sánchez.

El "apuro" de algunos senadores por dejar el recinto hizo que se levantasen de sus bancas antes que la máquina que registra los votos terminase de efectuar el recuento, lo que obligó a que, tras varios minutos de espera, debiera realizarse una votación nominal.

Al cerrar el debate, el jefe del bloque oficialista, Miguel Angel Pichetto, afirmó que "esta es una norma moderada" que "atiende la problemática de las grandes empresas en la Argentina porque les permite mantener una cuota importante del espacio audiovisual, como es el 35 por ciento".

Su par del radicalismo, Ernesto Sanz, dijo que "este gobierno utilizó los dineros públicos para premiar a amigos que hablaban bien del gobierno y para castigar a aquellos que hablaban mal".

La ley establece entre sus puntos salientes la libertad de expresión como "un derecho de todos, y no de un grupo”, y determina que la autoridad de aplicación estará integrada por la oposición parlamentaria, la Comisión Bicameral, y las provincias en el Consejo Federal.

Establece, además, principios de pluralidad en el acceso a los servicios audiovisuales, reconoce el derecho a la comunicación de los pueblos originarios, determina que las licencias durarán 10 años y que su renovación requerirá la participación de los vecinos en las audiencias públicas.

Fuente: Telam

viernes, 9 de octubre de 2009

El Senado debate la ley de medios entre sospechas y enérgicas acusaciones

El proyecto ya tiene media sanción y el kirchnerismo confía en aprobarlo sin modificaciones; se espera un largo debate en medio de las críticas al cambio de última hora de varios legisladores; apuntan al Gobierno por la supuesta "compra" de votos
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Con los sorpresivos cambios de posición de varios senadores y las fuertes acusaciones y denuncias como telón de fondo, el Senado debate hoy el controvertido proyecto de radiodifusión.

La discusión se produce en medio de un clima enrarecido en el que abundan las denuncias contra el Gobierno por la supuesta "compra" de apoyo de opositores. Los cuestionamientos cobraron fuerza en las últimas horas tras conocerce casos de legisladores que pasaron del rechazo total al apoyo a una iniciativa que cambiará de manera radical el mapa de los medios audiovisuales en el país.




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Todo indica que el oficialismo tiene los votos necesarios para sancionar el proyecto al término de una sesión que, se estima, será maratónica. El inicio está previsto para las 10 y se esperan más de 15 horas de debate. La aspiración de la Casa Rosada es que Cristina Kirchner pueda salir mañana de viaje a la India con la satisfacción de haber obtenido una de las leyes que más deseaba en los últimos tiempos.

Juntos por los cambios. La oposición llega al debate unificada en las denuncias por supuestas "maniobras oscuras" del Gobierno para cooptar votos opositores, sobre todo el de la radical correntina Dora Sánchez. Senadores del radicalismo y del PJ disidente sugirieron que hubo "pago de coimas" o "promesas de impunidad".

Hasta el vicepresidente Julio Cobos planteó sus sospechas de que hubo promesas de favores políticos a cambio de votos.

Los cálculos en el bloque oficialista que conduce Miguel Pichetto (Río Negro), arrojaban ayer un piso de 43 votos a favor en general, aportados por el kirchnerismo y los bloques aliados de Tierra del Fuego, el Movimiento Popular Neuquino, el bussismo de Fuerza Republicana y la radical Sánchez.

Claves. Sin embargo, el verdadero eje de la sesión pasará por el debate en particular de cada uno de los 165 artículos del proyecto oficial, ya que existen severos cuestionamientos a varias cláusulas del proyecto, muchas de ellas tildadas de inconstitucional por la oposición y por especialistas en derecho durante las exposiciones que brindaron en las seis jornadas de audiencias públicas que se celebraron desde que el texto llegó al Senado, el 21 de septiembre.

El más controvertido es el artículo 161, más conocido como "cláusula de desinversión", que obligará a las empresas de radio y de televisión abierta y por cable a desprenderse en el plazo máximo de un año de todos los medios que superen el límite de licencias que establece el proyecto.
Fuente: La nacion.com