Muchas instancias y nada concreto signaron la marcha de las
actuaciones.
Por ejemplo, en el 2001 el juez de Río Cuarto Luis Martínez
concluyó que se había tratado de un estrago culposo. Es decir, un accidente.
Dos años después, pericias químicas y técnicas ordenadas por el Tribunal Oral
Nº2 de Córdoba establecieron que el estallido fue intencional.
En octubre de 2003, la denuncia judicial de autoridades
castrenses sobre la desaparición de 5.680 cartuchos de propulsión para morteros
de 81 milímetros del Batallón de Arsenales 603, ubicado en Fray Luis Beltrán,
potenció las dudas abiertas tras las explosiones en la Fábrica Militar de Río
Tercero.
Es que el faltante incluía material bélico procedente
de las instalaciones que volaron en 1995.
la querellante Ana Gritti habló ante La Capital de un plan para
eliminar pruebas que comprometían al Ejército en la venta ilegal de armamento
al exterior. Dos decretos reservados (del 31 de octubre de 1991 y del 24 de
enero de 1995) firmados por Carlos Menem, y que dieron pie al tráfico de
pertrechos bélicos, incluyeron morteros calibre 81 milímetros fabricados en la
Argentina.
Tambien hubo mimica oficial: el 18 de septiembre de 2003, se
firma el decreto del Poder Ejecutivo Nacional que dispone la apertura de los
archivos de Inteligencia relativos al hecho.
En su momento se produjo el desembarco del fiscal Stornelli, que
movilizó algo la causa, en la investigación de la figura del estrado doloso y
su vinculaciòn con la causa de las armas. Stornelli había sido designado en
diciembre de 2004 por el procurador general de la Nación, Esteban Righi, para
complementar el trabajo del fiscal de Río Cuarto, Roberto Massuet. Este fiscal
consideró que el móvil del atentado que borró del mapa una parte de la fábrica,
provocó siete muertos y 340 heridos y causó cuantiosos daños materiales en una
ciudad de 45.000 habitantes, está vinculado con la causa que investiga el
tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador, ocurrido entre 1991 y 1995 con el
amparo de tres decretos del gobierno de Carlos Menem.
Es más: el fiscal llegó a plantearle al juez que el acto
intencional tuvo por objetivo encubrir la maniobra ilícita. Nunca antes ambos
expedientes habían logrado tal relación.
Gritti, en tanto, estimó posible abrir el abanico de
imputaciones a más militares y ex funcionarios nacionales "si se tiene en
cuenta que Río Tercero es funcional a la venta ilegal de armas".
"Sirvió de centro de acopio, reacondicionamiento y despacho de por lo
menos el 90 por ciento del material bélico. Quienes participaron sabían cómo se
operaba en Río Tercero, que sus inventarios y balances estaban adulterados
porque el armamento salía en negro pero, como provenía de otras fábricas o
unidades militares, sí tenía entrada", continuó.
Obviamente a la fecha aun no hay situaciones procesales resueltas.
Obviamente a la fecha aun no hay situaciones procesales resueltas.
LAS CAUSAS CIVILES
En la justicia de Rio Cuarto tramitan acciones de
aproximadamente unos 1.200 demandantes, quienes reclaman resarcimientos
económicos por daños materiales, psíquicos y morales, por las explosiones en la
Fábrica Militar de Río Tercero, ocurridas el 3 de noviembre de 1995.
En diciembre de 2005, la jueza federal subrogante de Río Cuarto,
Ana Curtino, había resuelto apartarse del principio de prejudicialidad al
entender que los juicios civiles no pueden estar atados indefinidamente a lo
que se resuelva en el proceso penal. Para avanzar en esa dirección, Curtino se
apoyó en ocho causas a punto de ir a juicio, entre ellas la que entabló la
actora civil Susana Salcedo de Gómez. Pero, según se difundió, el Estado
nacional apeló la resolución y los expedientes civiles volvieron a estancarse.
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