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Este año sólo se debatió el nuevo régimen penal juvenil, aunque no se convirtió en ley; hay iniciativas presentadas, pero no avanzan
La seguridad no figuró este año como prioridad de la agenda parlamentaria. Los legisladores focalizaron su trabajo sobre este tema en un solo proyecto, de por sí polémico: cambiar el régimen de imputabilidad juvenil. Con sanción en el Senado, la norma que establece penas a partir de los 14 años todavía aguarda su ratificación en la Cámara de Diputados. El resto de las iniciativas legislativas quedaron en espera. Y no por falta de propuestas interesantes, como permite observar un repaso de lo hecho en las comisiones de ambas cámaras.
Uno de esos proyectos tipifica la "conducta predelictual". El senador autor de la propuesta argumentó: "En materia de política criminal, la forma de prevenir hechos de violencia en la comisión de delitos comunes es incorporando figuras o tipos penales menores que permitan ampliar los marcos de seguridad a través de controles sobre las personas conocidas como delincuentes habituales por la policía". Por los debates sobre cómo se resuelve la inseguridad que cruzan los partidos políticos, podría presumirse que esta iniciativa partió de una bancada opositora. Sin embargo, este proyecto fue presentado este año por el senador Miguel Angel Pichetto, presidente del bloque del Frente para la Victoria.
Pichetto es la voz del kirchnerismo en la Cámara alta y es el articulador de las leyes relámpago que propone la Casa Rosada. Pero su importante peso dentro de la estructura oficialista no fue suficiente para avanzar con su alternativa sobre la seguridad. Este proyecto sobre conducta predelictual, que sancionaría hasta con un año de prisión a quienes fueran descubiertos con "instrumentos conocidamente destinados a cometer un delito", fue presentado por él en 2003 y en 2005. En todos los casos, perdió estado parlamentario al no ser tratado.
Un funcionario que conoce muy bien el pensamiento oficial sobre la seguridad relató que esa temática pone incómodo a Néstor Kirchner y, en consecuencia, no recibe el impulso que tendría con la bendición del hombre fuerte del Gobierno.
Excarcelaciones, en la mira
El Frente para la Victoria tiene, sin embargo, varios proyectos de ley que estarían alineados con el clamor social por combatir a los delincuentes con mayor firmeza. Diputados oficialistas presentaron en septiembre último una iniciativa para establecer un cerco a las excarcelaciones. La norma propuesta limitaría los casos que podrían gozar de esa libertad anticipada, aumentaría los años de cumplimiento efectivo de las penas y, fundamentalmente, quitaría a los jueces la posibilidad de decidir en soledad sobre las excarcelaciones estableciéndose que los fiscales deberían dar también la aprobación en cada caso.
.Foro: ¿Cómo cree que debería combatirse la inseguridad?
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Esa propuesta para frenar las excarcelaciones que ante reincidencias hacen estallar el malhumor social fue elevada por los diputados Diana Conti y Carlos Kunkel. Se trata de las dos espadas más importantes del kirchnerismo en sus vínculos con la Justicia, los diputados que marcan el ritmo del Consejo de la Magistratura. Conti, Kunkel y Pichetto son tres legisladores con línea directa al ex presidente Kirchner. Pero sus proyectos de seguridad ni siquiera fueron de momento tratados en comisión.
Tampoco se trató un proyecto de ley presentado por Paola Spatola para permitir rápidos juicios para aquellas personas sorprendidas en el momento de cometer un delito. La iniciativa de Spatola determinaría que, a partir de las 48 horas del arresto, podría llegarse a una sentencia judicial. Esta legisladora es mencionada como futura secretaria de Seguridad.
Desde la oposición
La oposición también encuentra trabas en el momento de poner en debate sus propias alternativas para contener la escalada de violencia pública. Francisco De Narváez puso como eje de sus propuestas legislativas al armado de un fondo especial para la seguridad, con reparto de ese dinero proporcionalmente entre las fuerzas federales y provinciales. Su objetivo pasa por establecer un refuerzo en los equipos policiales a partir de asignaciones de partidas extraordinarias. Ni siquiera llegó a tratarse el tema en la respectiva comisión.
Igual suerte corrió el proyecto de De Narváez y de Eugenio Burzaco, inminente jefe de la Policía Metropolitana, sobre el establecimiento de una ley de derribos para las avionetas del narcotráfico, como una forma de desalentar una de las vías principales del ingreso de la droga en la Argentina. Otra vez, esa iniciativa tuvo más debate público que tratamiento legislativo. Antes de ser gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, otro hombre muy cercano a la Casa Rosada, también había puesto a consideración del Congreso, sin éxito, esa posibilidad.
La Coalición Cívica, por su parte, articuló su propuesta de una asignación universal por hijos como parte de una apuesta a la inclusión social para atacar las causas del delito. Como el resto de las bancadas, puso su foco este año en proyectos de ley sobre el cambio del régimen penal de menores, alternativa en la que avanzó desde comienzos de año, al igual que legisladores de la UCR, sus aliados en la última elección.
Patricia Bullrich, diputada de la Coalición Cívica, presentó, sí, planes referidos a la seguridad con propuestas que deberían tomarse desde la conducción ejecutiva, como la figura del policía del barrio, agentes que estarían siempre destinados a la misma cuadra para conocer mejor a los vecinos y anticiparse así a posibles delitos.
Entre las propuestas que llegarán con el nuevo Congreso una ya despertó polémicas: la iniciativa de retomar el servicio militar obligatorio. Esa alternativa será presentada por el salteño Alfredo Olmedo, en la debutante bancada de Salta somos Todos, y promete meterse en la discusión pública, aunque no cuenta con más respaldo legislativo y ni siquiera seduce a los militares, espantados ante esa proposición.
Ideas en la Congreso no faltan, pero se movieron en la periferia de la agenda. En las legislaturas provinciales, en especial en Buenos Aires y en Mendoza, también se analizan cambios de leyes. Mientras los mendocinos debatieron la posible castración voluntaria de violadores, el gobernador Daniel Scioli planteó una serie de medidas para retomar el castigo a contravenciones, delitos menores que pueden ser la preparación de un mayor acto criminal.
Un plan de desarme más profundo
La facilidad de acceso a las armas de fuego es uno de los factores de riesgo principales observado por el sociólogo Gabriel Kessler, que estudia las causas de la violencia y el delito. "En América latina se produce el 40% de los homicidios mundiales cometidos con armas de fuego. Cuando más armas circulan en una sociedad, más probables son los hechos violentos. El plan nacional de entrega voluntaria de armas ha sido valioso, pero de alcance limitado. Debe complementarse con la destrucción de la mayor cantidad de armas posible, el control estricto de las armas legales y la desactivación de los circuitos ilegales de venta", afirmó el especialista.
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Experiencias
Estados Unidos. Uno de los ejemplos más reseñados sobre disminución del delito se apoya en el concepto de "tolerancia cero" experimentado en Nueva York. En esa ciudad, se puso énfasis en la prevención de los crímenes, se multiplicó la presencia de los policías en la calle, se restablecieron los vínculos entre los agentes y la comunidad, y se hizo foco en prevenir contravenciones y delitos menores.
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Gran Bretaña. En Londres se aplicó en los últimos años una receta contra el delito sustentada en dispositivos tecnológicos que ayuden a disuadir a los potenciales criminales. Esa ciudad cuenta con 10.524 cámaras en sus calles, que demandaron un costo de 280 millones de dólares. Si se les suman los sistemas de vigilancia privados, los londinenses son monitoreados por unas 500.000 videocámaras de seguridad.
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Colombia. Medellín eligió iniciativas de inclusión social como forma de disminuir las tasas de los delitos. La recuperación de los espacios públicos, el desarrollo de una economía social para sectores marginados y la reconversión de la policía local en una fuerza confiable fueron algunos de los pasos dados en esa ciudad colombiana, que pasó de 6500 homicidios, en 1991, a 380, en 2007.
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Sudáfrica. En Johannesburgo se aplica el programa de las Naciones Unidas denominado Ciudades Seguras. El diseño de ese plan se basa en "aislar" a los ciudadanos de las áreas consideradas más problemáticas, con el desarrollo de autopistas, shoppings muy vigilados y estacionamientos públicos con gran control policial. También se aplica el concepto de "jefes de manzana" para alertar mediante voluntarios civiles sobre posibles delitos.
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Nueva Zelanda. En Auckland se hizo foco en detener el robo de automóviles, con un programa especial que, en seis meses, logró bajar ese delito en un 30 por ciento. Esa situación se logró con la colocación de sistemas de vigilancia mediante videocámaras. Además, se instrumentó una división policial especializada en delitos cometidos por jóvenes.
Daniel Gallo
LA NACION
