lunes, 26 de abril de 2010
NIEGAN UN PEDIDO DE EXTRADICION DE ASTIZ Lo juzgan, pero acá
Francia había reclamado al ex marino por la desaparición de las monjas Alice Domon y Léonie Duquet, pero el pedido fue rechazado porque está siendo juzgado aquí por los mismos hechos.
La Justicia Federal de Bahía Blanca denegó ayer un pedido de extradición del Estado francés para el represor Alfredo Astiz, en el marco de la causa por los crímenes de las monjas Alice Domon y Léonie Duquet. El juez ad hoc Santiago Martínez, a cargo del Juzgado Federal 2, rechazó la solicitud por considerar que “Astiz se encuentra siendo juzgado” en Argentina “por los mismos hechos por los cuales se pedía la extradición”, es decir “la detención, tortura y desaparición de las monjas francesas”. El ex marino, dado de baja luego de ufanarse de ser el hombre mejor preparado del país para matar a un político o a un periodista, continuó escuchando durante los últimos días los testimonios de los sobrevivientes de la ESMA y familiares de desaparecidos, en el primer juicio oral y público significativo a los ex miembros del Grupo de Tareas 3.3.2 de la Armada.
Astiz se había presentado ante la Justicia bahiense el martes. El ex capitán entregó entonces un escrito de ocho carillas en el que exhortó a que se defienda la soberanía nacional, criticó la actitud de Francia de pretender juzgarlo y argumentó desconocer el principio de jurisdicción universal para juzgar delitos de lesa humanidad, aplicado a fines de los ’90 por el juez español Baltasar Garzón respecto de represores sudamericanos e invocado ahora por abogados argentinos para juzgar en el país los crímenes del franquismo en España.
La audiencia de ayer, que no contó con la presencia del ex marino, se llevó a cabo al mediodía en la sede del juzgado bahiense, con la participación del fiscal Antonio Castaño. El juez ad hoc Martínez señaló que Astiz es juzgado en estos días por su responsabilidad en los mismos hechos por los que se pide la extradición y apuntó que son “incluso más amplios y graves” los que se juzgan en Comodoro Py. Admitir la extradición, argumentó, configuraría “un claro caso de doble persecución penal, violatoria de la garantía del ‘ne bis in idem’”, que deriva “del principio de inviolabilidad de la defensa en juicio, es un complemento de las demás garantías que protegen la libertad individual e importa un principio básico y regulador del proceso”. Sólo resta saber si la Embajada de Francia apelará la decisión.
Astiz declaró el mes pasado durante más de una hora ante el TOF5 porteño. Lejos de negar los crímenes o mostrar arrepentimiento, intentó justificarlos con citas de Perón, con los decretos de aniquilamiento de Luder, Ruckauf & Cía. y con un supuesto “apoyo de la sociedad, reflejado en el periodismo de la época”. También sugirió que Néstor Kirchner dio en 2003 “un golpe de Estado” al designar “una nueva mayoría automática” en la Corte Suprema de Justicia y que existe “un ataque organizado y sistemático al grupo de personas que combatió el terrorismo”.
Fuente: http://argentinomias.blogspot.com/2010/04/niegan-un-pedido-de-extradicion-de.html
Ley de discriminación contra latinos en Arizona EEUU
Miles de hispanos salen a la calle en contra de la ley de inmigración de Arizona
A los gritos de "¡Sí se puede!" y "¡Somos humanos!", miles de hispanos se han manifestado pacíficamente ante el Capitolio de Arizona, en protesta por la ley que permite la detención de inmigrantes 'sin papeles' a la menor sospecha sobre su situación legal.
El demócrata Phil Gordon, alcalde de Phoenix, se sumó a la protesta y condenó la ley como "injusta e inconstitucional". "América es una país compasivo", proclamó Gordon. "Estos no son los valores sobre los que han cimentado este país y este estado".
"¿A qué se refiere la ley cuando habla de 'sospecha razonable'?", se lamentó por su parte José Acosta, de origen mexicano. "¿Es que nos van a seleccionar acaso por el color de nuestra piel?".
Pese al cuarto día consecutivo de protestas, un reciente sondeo de Rasmussen revela que el 70% de los votantes de Arizona está a favor de la ley contra la inmigración ilegal, la más dura aprobada hasta la fecha en cualquiera de los 50 estados. Tan sólo el 23% se opone en un estado cuya población está integrada en una tercera parte por hispanos.
El 53% de los encuestados reconoce sin embargo su preocupación ante la posibilidad de que la ley pueda servir "para violar los derechos civiles de los norteamericanos". Un porcentaje similar opina que la nueva medida, que entrará en vigor en 90 días, puede dar pie a una "discriminación racial" por parte de la policía.
Desde California, el jefe de Policía de San Francisco George Gascón advirtió contra el "catastrófico impacto" de la medida aprobada en Arizona, mientras que el arzobispo de Los Angeles Roger Mahony condenaba la ley como "injusta y draconiana".
El congresista republicano por California Brian Bilbray se sumó a la polémica con unas declaraciones que han desempolvado todos los prejuicios racistas del lejano oeste. "Los profesionales entrenados pueden reconocer a los inmigrantes ilegales por su indumentaria", aseguró Bilbray al comentarista Chris Matthews, de la MSNBC. "Normalmente se visten de una manera diferente, de los zapatos a la ropa".
Por su parte, el congresista demócrata Raúl Grijalba capitalizó ayer las protestas que se extendieron también a Tucson, la segunda ciudad de Arizona, donde la mitad de la población es de origen hispano. Grijalba ha pedido el boicot comercial contra el estado en protesta por la ley de inmigración, que considera "delito" no ya dar empleo o cobijo a un inmigrante sin papeles, sino también transportarle un vehículo.
Las protestas que arrancaron el jueves en el Capitolio de Phoenix se habían cobrado hasta ayer al menos una veintena de detenidos. Las manifestaciones arreciaron el domingo por la tarde, frente a un gran despliegue policial.
La gobernadora Jan Brewer, que hasta esta misma semana había procurado no pronunciarse abiertamente sobre la ley, volvió a salir en defensa de la controvertida medida, alegando que la mayoría de los votantes de Arizona la respaldan.
"La violencia en la frontera y los delitos relacionados con la inmigración ilegal son asuntos críticos para la gente en nuestro estado", aseguró Brewer. "No podemos sacrificar nuestra seguridad ante la avaricia asesina de los carteles. No podemos permanecer de brazos cruzados mientras la violencia y los secuestros comprometen nuestra calidad de vida".
El 83% de los votantes de Arizona admite que la posición de un candidato sobre la inmigración ilegal será un factor decisivo en las elecciones primarias de este verano y en las legislativas de noviembre.
Fuente: http://www.elmundo.es/america/2010/04/26/estados_unidos/1272243898.html
A los gritos de "¡Sí se puede!" y "¡Somos humanos!", miles de hispanos se han manifestado pacíficamente ante el Capitolio de Arizona, en protesta por la ley que permite la detención de inmigrantes 'sin papeles' a la menor sospecha sobre su situación legal.
El demócrata Phil Gordon, alcalde de Phoenix, se sumó a la protesta y condenó la ley como "injusta e inconstitucional". "América es una país compasivo", proclamó Gordon. "Estos no son los valores sobre los que han cimentado este país y este estado".
"¿A qué se refiere la ley cuando habla de 'sospecha razonable'?", se lamentó por su parte José Acosta, de origen mexicano. "¿Es que nos van a seleccionar acaso por el color de nuestra piel?".
Pese al cuarto día consecutivo de protestas, un reciente sondeo de Rasmussen revela que el 70% de los votantes de Arizona está a favor de la ley contra la inmigración ilegal, la más dura aprobada hasta la fecha en cualquiera de los 50 estados. Tan sólo el 23% se opone en un estado cuya población está integrada en una tercera parte por hispanos.
El 53% de los encuestados reconoce sin embargo su preocupación ante la posibilidad de que la ley pueda servir "para violar los derechos civiles de los norteamericanos". Un porcentaje similar opina que la nueva medida, que entrará en vigor en 90 días, puede dar pie a una "discriminación racial" por parte de la policía.
Desde California, el jefe de Policía de San Francisco George Gascón advirtió contra el "catastrófico impacto" de la medida aprobada en Arizona, mientras que el arzobispo de Los Angeles Roger Mahony condenaba la ley como "injusta y draconiana".
El congresista republicano por California Brian Bilbray se sumó a la polémica con unas declaraciones que han desempolvado todos los prejuicios racistas del lejano oeste. "Los profesionales entrenados pueden reconocer a los inmigrantes ilegales por su indumentaria", aseguró Bilbray al comentarista Chris Matthews, de la MSNBC. "Normalmente se visten de una manera diferente, de los zapatos a la ropa".
Por su parte, el congresista demócrata Raúl Grijalba capitalizó ayer las protestas que se extendieron también a Tucson, la segunda ciudad de Arizona, donde la mitad de la población es de origen hispano. Grijalba ha pedido el boicot comercial contra el estado en protesta por la ley de inmigración, que considera "delito" no ya dar empleo o cobijo a un inmigrante sin papeles, sino también transportarle un vehículo.
Las protestas que arrancaron el jueves en el Capitolio de Phoenix se habían cobrado hasta ayer al menos una veintena de detenidos. Las manifestaciones arreciaron el domingo por la tarde, frente a un gran despliegue policial.
La gobernadora Jan Brewer, que hasta esta misma semana había procurado no pronunciarse abiertamente sobre la ley, volvió a salir en defensa de la controvertida medida, alegando que la mayoría de los votantes de Arizona la respaldan.
"La violencia en la frontera y los delitos relacionados con la inmigración ilegal son asuntos críticos para la gente en nuestro estado", aseguró Brewer. "No podemos sacrificar nuestra seguridad ante la avaricia asesina de los carteles. No podemos permanecer de brazos cruzados mientras la violencia y los secuestros comprometen nuestra calidad de vida".
El 83% de los votantes de Arizona admite que la posición de un candidato sobre la inmigración ilegal será un factor decisivo en las elecciones primarias de este verano y en las legislativas de noviembre.
Fuente: http://www.elmundo.es/america/2010/04/26/estados_unidos/1272243898.html
martes, 20 de abril de 2010
La noche en que Amalia Granata increpó a Aníbal
El jefe de Gabinete estuvo en el programa de Roberto Pettinato y tuvo un duro cruce con la modelo; Amado Boudou y su novia contaron detalles de su relación en Duro de Domar
Fue una noche signada por la presencia de funcionarios de alto rango del gobierno nacional en la televisión abierta. Primero fue el jefe de Gabinete en el programa Un mundo perfecto que conduce Roberto Pettinato en América y más tarde fue el turno del ministro de Economía, Amado Boudou, en Duro de Domar, que se emite por Canal 9.
Roberto Pettinato volvió a llevar como invitado al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. En esta oportunidad, la emisión se vio alterada por el cruce verbal que tuvo con la panelista de ese programa Amalia Granata, la "pelea" entre los muñecos "Clarinete" y "Pingüino" y las definiciones del funcionario nacional. Como dato de color vale señalar que una de las panelistas del programa fue Agustina Kampfer, novia del ministro de Economía, Amado Boudou.
El conductor intentó calmar los ánimos de Granata, aunque ella retrucó una vez más al decirle: "Parece que están hablando de la realidad de un país europeo no de la Argentina", a lo que, y luego de varios idas y vueltas entre ambos, el jefe de Gabinete remató: "Tenés que conocer un poco más para hablar".
Sobre el Fútbol para Todos . Pettinato ironizó sobre la situación de los equipos grandes desde que el Gobierno se hizo cargo del fútbol y equipos chicos como Banfield, Argentinos y Godoy Cruz tomaron protagonismo. Fernández retrucó al cómico y dijo: "Hoy gracias a que el dinero se distribuye de otra manera, los clubes que antes tenían ingresos menores ahora pueden lograr mejores planteles
Críticas a Cobos . En la sección "Desaforados por la Web", Pettinato leyó a Fernández una serie de comentarios publicados en una edición digital de un diario online. Uno de ellos fue referido al vicepresidente Julio Cobos. Sobre él dijo: "Tiene miedo de quedarse sin oficina, sin secretaria, sin un pedacito de poder".
Pelea con Granata. Durante la emisión llamó la atención cómo la panelista del programa Amalia Granata criticó duramente a Fernández. "Ustedes dicen que está todo bien, pero lo que veo yo, mis amigos y conocidos, no es así". Luego dijo: "Si este programa no llega a fin de año estarían demostrando que son una dictadura".
Fue una noche signada por la presencia de funcionarios de alto rango del gobierno nacional en la televisión abierta. Primero fue el jefe de Gabinete en el programa Un mundo perfecto que conduce Roberto Pettinato en América y más tarde fue el turno del ministro de Economía, Amado Boudou, en Duro de Domar, que se emite por Canal 9.
Roberto Pettinato volvió a llevar como invitado al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. En esta oportunidad, la emisión se vio alterada por el cruce verbal que tuvo con la panelista de ese programa Amalia Granata, la "pelea" entre los muñecos "Clarinete" y "Pingüino" y las definiciones del funcionario nacional. Como dato de color vale señalar que una de las panelistas del programa fue Agustina Kampfer, novia del ministro de Economía, Amado Boudou.
El conductor intentó calmar los ánimos de Granata, aunque ella retrucó una vez más al decirle: "Parece que están hablando de la realidad de un país europeo no de la Argentina", a lo que, y luego de varios idas y vueltas entre ambos, el jefe de Gabinete remató: "Tenés que conocer un poco más para hablar".
Sobre el Fútbol para Todos . Pettinato ironizó sobre la situación de los equipos grandes desde que el Gobierno se hizo cargo del fútbol y equipos chicos como Banfield, Argentinos y Godoy Cruz tomaron protagonismo. Fernández retrucó al cómico y dijo: "Hoy gracias a que el dinero se distribuye de otra manera, los clubes que antes tenían ingresos menores ahora pueden lograr mejores planteles
Críticas a Cobos . En la sección "Desaforados por la Web", Pettinato leyó a Fernández una serie de comentarios publicados en una edición digital de un diario online. Uno de ellos fue referido al vicepresidente Julio Cobos. Sobre él dijo: "Tiene miedo de quedarse sin oficina, sin secretaria, sin un pedacito de poder".
Pelea con Granata. Durante la emisión llamó la atención cómo la panelista del programa Amalia Granata criticó duramente a Fernández. "Ustedes dicen que está todo bien, pero lo que veo yo, mis amigos y conocidos, no es así". Luego dijo: "Si este programa no llega a fin de año estarían demostrando que son una dictadura".
viernes, 9 de abril de 2010
El Patrimonio de Víctor Hugo Morales
www.rdselecciones.com/.../secondaryImage_490.jpg
Hemos comprobado fehacientemente que el señor Víctor Hugo Morales ha recibido de parte del gobierno de la señora Cristina Fernández de Kirchner y de su esposo Néstor Carlos Kirchner y de manos del jefe de gabinete señor Aníbal Fernández la suma de U$S 10.000.000.
Sí, como lo está leyendo, ¡DIEZ MILLONES DE DÓLARES!
Esta suma es en pago de la importante defensa que hace el señor Víctor Hugo Morales de las indefendibles acciones del gobierno del matrimonio Kirchner y sus adláteres.
Como él mismo lo adelantó en varias oportunidades en sus programas de Radio Continental, los directivos de la mencionada radio habían decidido no concurrir, ni transmitir los partidos del mundial de futbol de Sud África 2010, a raíz de los altos costos de los derechos de transmisión.
Como por arte magia y en forma absolutamente inentendible los mismo directivos decidieron concurrir y transmitir los partidos y a su vez enviar al señor Víctor Hugo Morales y su equipo al mundial de Sud África 2010.
No hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que también la radio recibió de parte del gobierno los dólares correspondientes para costear los gastos del señor Víctor Hugo Morales y su equipo más los costos de los derechos de transmisión.
Esto explica la vuelta de campana en la opinión del señor Víctor Hugo Morales especialmente en su programa de la mañana de 9 a 13 horas y en su programa deportivo de 19 a 21, donde dejó de criticar al señor presidente de la AFA Humberto Grondona , de quien se había declarado enemigo número uno.
Los firmantes de esta denuncia somos ex-empleados administrativos de Radio Continental que estábamos relacionados con los programas del señor Morales y que pidió que fuéramos despedidos cuando se enteró que nosotros sabíamos de su venta al gobierno.
Como verán, Víctor Hugo Morales y su equipo se han convertido en nuevos barras bravas que viajan al Mundial pagados con fondos del gobierno o sea de todos los argentinos
viernes, 2 de abril de 2010
Algun Dia Seran Nuestras Las Malvinas??
Me gustaria que algun dia si estoy vivo alguien me muestre este momento como un hecho real o como algo que que luchamos todos los argentinos con un fin netamente soberano y pacifico sin cuestiones politicas. Porque siempre que queremos algo lo hacemos con Soberbia y con Fanatismo como si se tratase de un partido de futbol en el que muchas veces perdemos.
GOLPE DEL 24 DE MARZO: CARTA DE HÉCTOR TIMERMAN Y RESPUESTA DE CLARÍN
LA POLÉMICA ENTRE EL EMBAJADOR EN ESTADOS UNIDOS Y EL DIARIO CLARÍN.
LOS MEDIOS ATACAN A LA DEMOCRACIA. ESCRIBE HÉCTOR TIMERMAN
Ayer Clarín recordó el diario La Tarde. Aplaudo la decisión de sus periodistas de tener presente en este nuevo aniversario del Golpe Militar el diario que dirigí entre Marzo y julio de 1976. Porque recordar el fracaso editorial más rotundo de la prensa durante la dictadura puede ser el mejor ejemplo para entender la importancia de discutir el rol de los medios y los periodistas en la vida de nuestro país. Ayer y hoy.
No voy a explicar las razones o realizar una reflexión sobre esos meses de mi vida. No lo hago porque prefiero seguir como desde hace 34 años recriminándome por esa acción. Tampoco hablo de mi trabajo por los derechos humanos porque nada de lo que vengo haciendo desde 1977 quiero que me sirva de alivio. Mi único y silencioso consuelo es la actual amistad de quienes fueron mis compañeros de militancia y sobrevivieron con más dignidad que yo.
Quienes creemos en Dios sabemos que el verdadero arrepentido es aquel que enfrentado a la misma situación se abstiene de volver a pecar. El Clarín de esta época es un diario que repite los errores de la prensa de aquellos años con el agravante de ya haber vivido aquella pesadilla. Eso es lo que yo denuncio y eso es lo que le molesta a los redactores de Clarín. Y por eso ayer recordaron La Tarde.
Igual voy a seguir denunciando lo que yo considero ataques de los medios a la democracia para recordarme y recordarles a quienes son periodistas, y especialmente a quienes ya lo eran en la dictadura el riesgo de sus actuales acciones.
Aun dentro de mis muchas inseguridades si sé que hice y voy a hacer todo lo posible para evitar que una vez más la prensa intente destituir un gobierno democrático. No lo hago por heroísmo sino, justamente, porque sé que uno no es un héroe y, entonces, puede cometer errores que terminen en horrores.
Ojalá estas notas de Clarín sobre La Tarde y mi respuesta sirvan para hablar públicamente con los periodistas de Clarín sobre dos temas que unen el pasado y el presente. Me refiero a Papel Prensa y la identidad de los jóvenes criados por Ernestina Herrera de Noble.
Hace unos días Joaquín Morales Solá describió que la compra de Papel Prensa fue un acuerdo comercial que el ex dueño (Familia Graiver) nunca protestó. Lo cierto es que durante el gobierno de Raúl Alfonsín el Estado indemnizó a los Graiver por los daños materiales surgidos por la expropiación de Papel Prensa. Ya Alfonsín reconoció que Papel Prensa no fue un "acuerdo comercial" como hoy dice el columnista de La Nación, accionista de Papel Prensa.
Los periodistas de Clarín podrían comparar la cronología de los secuestros de Juan, Eva, Isidoro, Lidia Graiver y de Lidia Papaleo de Graiver con los pasos que llevaron a sus patrones a la titularidad de la empresa en cuestión.
Podrían investigar cuando, cómo y dónde murió el Dr. Jorge Rubinstein, contador de David Graiver. ¿Dónde estaban todos los Graiver cuando celebraron la primera asamblea de accionistas La Razón, Clarín y La Nación junto a Videla.
Saber el origen de la principal fuente de insumos de la industria gráfica es, creo, tan importante como entender los efectos que generé desde La Tarde los meses que fui su director.
¿Y los jóvenes Herrera Noble? En un país en que aun permanecen más de 400 chicos secuestrados por los asesinos de sus padres no intentar el esclarecimiento de la identidad de esos dos jóvenes no es haber sido un cómplice de la dictadura, es ser cómplice ahora, hoy, en este instante de un crimen que lesiona nuestra dignidad.
¿Los periodistas de Clarín no deberían exigir saber si trabajan para apropiadores de niños y empresarios que obtuvieron un bien perdido por una familia en una mesa de torturas?
Hoy los periodistas de Clarín escriben sobre empresas en un medio que no puede explicar el origen de su principal activo estratégico. Escriben sobre derechos humanos sin saber si quien los dirige cometió el delito de apropiación ilegal de menores. Escriben sobre gremialismo en un diario que no permite la libertad sindical. Escriben sobre la dignidad nacional mientras sus lobistas se arrastran por el Departamento de Estado denunciando una falsa falta de libertad de expresión. Escriben sobre discriminación en una empresa que la DAIA denunció por apañar el antisemitismo.
Si recordar La Tarde y mi experiencia al frente del diario sirve para generar algún cuestionamiento en los periodistas de Clarín sobre su conducta profesional entonces habré encontrado algo de luz para los meses más tristes de mi vida.
Por: Héctor Timerman - Embajador en EE.UU. y ex director del diario La Tarde
Fuente: Clarín
Más información: www.clarin.com
------------------------------------------------
FÁBULAS Y FAVORES AL KIRCHNERISMO
Héctor Timerman no puede negar lo que ha sido: director fundador del diario La Tarde, que se publicó en la Capital Federal desde marzo hasta agosto del 76 para promover y acompañar el golpe militar. En un nuevo aniversario del 24 de marzo, Clarín recordó esa breve pero relevante experiencia periodística en la sección Medios de ayer.
Timerman dice que está arrepentido y que sigue recriminándose por esa acción, Y eso es lo que corresponde. Tiene de qué arrepentirse: como muestran las tapas que abajo reproducimos, mientras duró su diario exaltó el golpe y elogió a la represión. Llamaba subversivos a las víctimas de la dictadura. Una de ellas fue, por ejemplo, un periodista paradigmático de La Opinión, el diario de su padre: el senador uruguayo Zelmar Michelini, perseguido por la dictadura de su propio país. Michelini fue secuestrado el 18 de mayo del 76 y apareció muerto unos días después.
Timerman dice que está arrepentido pero al arrepentimiento le dedica apenas dos de los 11 párrafos de la declaración enviada a este diario. El resto lo destina a atacar a Clarín, a sus periodistas y a la directora. Esto demuestra al fin cuáles son los objetivos de su nota. Dice que Papel Prensa fue expropiada por los militares luego de torturas a sus dueños, los Graiver, y cedida a Clarín, La Nación y la Razón. Es una fantasía. Los tres diarios compraron las acciones a la familia Graiver casi seis meses antes de la detención. Había muerto David Graiver, el principal accionista y la familia decidió desprenderse de la empresa cuando aún se desconocían los vínculos financieros de Graiver con los Montoneros. La compra fue en noviembre del 76. En marzo del 77, la viuda de David, Lidia Papaleo, que conservaba una parte minoritaria, estuvo en una asamblea de accionistas. Al mes siguiente fue secuestrada.
Los tres diarios siguieron pagando las cuotas de la compra por vía judicial. La dictadura se apropió de ese dinero y de otros bienes de los Graiver. El gobierno de Alfonsín los indemnizó.
El almirante Massera intentó –no pudo– intervenir Papel Prensa para apoderarse de la empresa. Ahora es el gobierno kirchnerista el que también pretende ahogar y controlar la compañía.
Timerman no sólo adultera la historia de Papel Prensa del modo que más le conviene a este Gobierno del que forma parte. También cierra de un plumazo una causa que aún investiga la Justicia: dice que los hijos de la directora de Clarín fueron apropiados ilegalmente. Es otro servicio que le presta hoy al kirchnerismo.
En 2004 y ante el juez Bergesio, el mismo Timerman había declarado no tener "ni idea si los hijos (de la señora de Noble) son de desaparecidos o no". Y en la declaración agregó que su padre, Jacobo, había hablado con Rogelio Frigerio quien le explicó que ayudó a la señora de Noble en los trámites de adopción. También afirmó que su padre consideraba demasiado inteligente a Frigerio como para involucrarse en un caso de hijos de desaparecidos.
Ernestina Herrera de Noble jamás fue siquiera indagada por una supuesta apropiación de menores. Y Marcela y Felipe Noble Herrera aceptaron hace ya más de seis años hacerse un examen de ADN para contrastarlo con el de las dos familias que reclaman ser sus familiares. Esas dos familias rechazaron la prueba porque junto a las Abuelas de Plaza de Mayo exigen que el ADN de Marcela y Felipe sea cotejado con el de todos los desaparecidos. En ese punto está hoy la cuestión judicial y no en el que dictamina Héctor Timerman, que además pretende enlodar a los periodistas de Clarín.
Timerman dice además que los periodistas de este diario "escriben sobre discriminación en una empresa que la DAIA denunció por apañar el antisemitismo". Es otra fábula montada a partir de un blog con expresiones antisemitas en una plataforma de una empresa del grupo. Fue de inmediato levantado y la DAIA y el Centro Simón Wiesenthal felicitaron a Clarín por esa decisión editorial. Este sí es un caso cerrado.
Timerman interpreta cualquier crítica al Gobierno como un ataque a la democracia. Es también lo que quiere el Gobierno que él haga. Y advierte a los periodistas sobre "el riesgo de sus actuales acciones". ¿Cuál riesgo? ¿El de la dictadura? ¿O en realidad quiere decir que informar es poner en peligro al sistema democrático? Es exactamente al revés. El fue quien dirigió un diario que apoyó y propagandizó el golpe. Y si Clarín no lo hubiera recordado, él no habría abierto la boca.
Fuente: Clarín
Más información: www.clarin.com
LOS MEDIOS ATACAN A LA DEMOCRACIA. ESCRIBE HÉCTOR TIMERMAN
Ayer Clarín recordó el diario La Tarde. Aplaudo la decisión de sus periodistas de tener presente en este nuevo aniversario del Golpe Militar el diario que dirigí entre Marzo y julio de 1976. Porque recordar el fracaso editorial más rotundo de la prensa durante la dictadura puede ser el mejor ejemplo para entender la importancia de discutir el rol de los medios y los periodistas en la vida de nuestro país. Ayer y hoy.
No voy a explicar las razones o realizar una reflexión sobre esos meses de mi vida. No lo hago porque prefiero seguir como desde hace 34 años recriminándome por esa acción. Tampoco hablo de mi trabajo por los derechos humanos porque nada de lo que vengo haciendo desde 1977 quiero que me sirva de alivio. Mi único y silencioso consuelo es la actual amistad de quienes fueron mis compañeros de militancia y sobrevivieron con más dignidad que yo.
Quienes creemos en Dios sabemos que el verdadero arrepentido es aquel que enfrentado a la misma situación se abstiene de volver a pecar. El Clarín de esta época es un diario que repite los errores de la prensa de aquellos años con el agravante de ya haber vivido aquella pesadilla. Eso es lo que yo denuncio y eso es lo que le molesta a los redactores de Clarín. Y por eso ayer recordaron La Tarde.
Igual voy a seguir denunciando lo que yo considero ataques de los medios a la democracia para recordarme y recordarles a quienes son periodistas, y especialmente a quienes ya lo eran en la dictadura el riesgo de sus actuales acciones.
Aun dentro de mis muchas inseguridades si sé que hice y voy a hacer todo lo posible para evitar que una vez más la prensa intente destituir un gobierno democrático. No lo hago por heroísmo sino, justamente, porque sé que uno no es un héroe y, entonces, puede cometer errores que terminen en horrores.
Ojalá estas notas de Clarín sobre La Tarde y mi respuesta sirvan para hablar públicamente con los periodistas de Clarín sobre dos temas que unen el pasado y el presente. Me refiero a Papel Prensa y la identidad de los jóvenes criados por Ernestina Herrera de Noble.
Hace unos días Joaquín Morales Solá describió que la compra de Papel Prensa fue un acuerdo comercial que el ex dueño (Familia Graiver) nunca protestó. Lo cierto es que durante el gobierno de Raúl Alfonsín el Estado indemnizó a los Graiver por los daños materiales surgidos por la expropiación de Papel Prensa. Ya Alfonsín reconoció que Papel Prensa no fue un "acuerdo comercial" como hoy dice el columnista de La Nación, accionista de Papel Prensa.
Los periodistas de Clarín podrían comparar la cronología de los secuestros de Juan, Eva, Isidoro, Lidia Graiver y de Lidia Papaleo de Graiver con los pasos que llevaron a sus patrones a la titularidad de la empresa en cuestión.
Podrían investigar cuando, cómo y dónde murió el Dr. Jorge Rubinstein, contador de David Graiver. ¿Dónde estaban todos los Graiver cuando celebraron la primera asamblea de accionistas La Razón, Clarín y La Nación junto a Videla.
Saber el origen de la principal fuente de insumos de la industria gráfica es, creo, tan importante como entender los efectos que generé desde La Tarde los meses que fui su director.
¿Y los jóvenes Herrera Noble? En un país en que aun permanecen más de 400 chicos secuestrados por los asesinos de sus padres no intentar el esclarecimiento de la identidad de esos dos jóvenes no es haber sido un cómplice de la dictadura, es ser cómplice ahora, hoy, en este instante de un crimen que lesiona nuestra dignidad.
¿Los periodistas de Clarín no deberían exigir saber si trabajan para apropiadores de niños y empresarios que obtuvieron un bien perdido por una familia en una mesa de torturas?
Hoy los periodistas de Clarín escriben sobre empresas en un medio que no puede explicar el origen de su principal activo estratégico. Escriben sobre derechos humanos sin saber si quien los dirige cometió el delito de apropiación ilegal de menores. Escriben sobre gremialismo en un diario que no permite la libertad sindical. Escriben sobre la dignidad nacional mientras sus lobistas se arrastran por el Departamento de Estado denunciando una falsa falta de libertad de expresión. Escriben sobre discriminación en una empresa que la DAIA denunció por apañar el antisemitismo.
Si recordar La Tarde y mi experiencia al frente del diario sirve para generar algún cuestionamiento en los periodistas de Clarín sobre su conducta profesional entonces habré encontrado algo de luz para los meses más tristes de mi vida.
Por: Héctor Timerman - Embajador en EE.UU. y ex director del diario La Tarde
Fuente: Clarín
Más información: www.clarin.com
------------------------------------------------
FÁBULAS Y FAVORES AL KIRCHNERISMO
Héctor Timerman no puede negar lo que ha sido: director fundador del diario La Tarde, que se publicó en la Capital Federal desde marzo hasta agosto del 76 para promover y acompañar el golpe militar. En un nuevo aniversario del 24 de marzo, Clarín recordó esa breve pero relevante experiencia periodística en la sección Medios de ayer.
Timerman dice que está arrepentido y que sigue recriminándose por esa acción, Y eso es lo que corresponde. Tiene de qué arrepentirse: como muestran las tapas que abajo reproducimos, mientras duró su diario exaltó el golpe y elogió a la represión. Llamaba subversivos a las víctimas de la dictadura. Una de ellas fue, por ejemplo, un periodista paradigmático de La Opinión, el diario de su padre: el senador uruguayo Zelmar Michelini, perseguido por la dictadura de su propio país. Michelini fue secuestrado el 18 de mayo del 76 y apareció muerto unos días después.
Timerman dice que está arrepentido pero al arrepentimiento le dedica apenas dos de los 11 párrafos de la declaración enviada a este diario. El resto lo destina a atacar a Clarín, a sus periodistas y a la directora. Esto demuestra al fin cuáles son los objetivos de su nota. Dice que Papel Prensa fue expropiada por los militares luego de torturas a sus dueños, los Graiver, y cedida a Clarín, La Nación y la Razón. Es una fantasía. Los tres diarios compraron las acciones a la familia Graiver casi seis meses antes de la detención. Había muerto David Graiver, el principal accionista y la familia decidió desprenderse de la empresa cuando aún se desconocían los vínculos financieros de Graiver con los Montoneros. La compra fue en noviembre del 76. En marzo del 77, la viuda de David, Lidia Papaleo, que conservaba una parte minoritaria, estuvo en una asamblea de accionistas. Al mes siguiente fue secuestrada.
Los tres diarios siguieron pagando las cuotas de la compra por vía judicial. La dictadura se apropió de ese dinero y de otros bienes de los Graiver. El gobierno de Alfonsín los indemnizó.
El almirante Massera intentó –no pudo– intervenir Papel Prensa para apoderarse de la empresa. Ahora es el gobierno kirchnerista el que también pretende ahogar y controlar la compañía.
Timerman no sólo adultera la historia de Papel Prensa del modo que más le conviene a este Gobierno del que forma parte. También cierra de un plumazo una causa que aún investiga la Justicia: dice que los hijos de la directora de Clarín fueron apropiados ilegalmente. Es otro servicio que le presta hoy al kirchnerismo.
En 2004 y ante el juez Bergesio, el mismo Timerman había declarado no tener "ni idea si los hijos (de la señora de Noble) son de desaparecidos o no". Y en la declaración agregó que su padre, Jacobo, había hablado con Rogelio Frigerio quien le explicó que ayudó a la señora de Noble en los trámites de adopción. También afirmó que su padre consideraba demasiado inteligente a Frigerio como para involucrarse en un caso de hijos de desaparecidos.
Ernestina Herrera de Noble jamás fue siquiera indagada por una supuesta apropiación de menores. Y Marcela y Felipe Noble Herrera aceptaron hace ya más de seis años hacerse un examen de ADN para contrastarlo con el de las dos familias que reclaman ser sus familiares. Esas dos familias rechazaron la prueba porque junto a las Abuelas de Plaza de Mayo exigen que el ADN de Marcela y Felipe sea cotejado con el de todos los desaparecidos. En ese punto está hoy la cuestión judicial y no en el que dictamina Héctor Timerman, que además pretende enlodar a los periodistas de Clarín.
Timerman dice además que los periodistas de este diario "escriben sobre discriminación en una empresa que la DAIA denunció por apañar el antisemitismo". Es otra fábula montada a partir de un blog con expresiones antisemitas en una plataforma de una empresa del grupo. Fue de inmediato levantado y la DAIA y el Centro Simón Wiesenthal felicitaron a Clarín por esa decisión editorial. Este sí es un caso cerrado.
Timerman interpreta cualquier crítica al Gobierno como un ataque a la democracia. Es también lo que quiere el Gobierno que él haga. Y advierte a los periodistas sobre "el riesgo de sus actuales acciones". ¿Cuál riesgo? ¿El de la dictadura? ¿O en realidad quiere decir que informar es poner en peligro al sistema democrático? Es exactamente al revés. El fue quien dirigió un diario que apoyó y propagandizó el golpe. Y si Clarín no lo hubiera recordado, él no habría abierto la boca.
Fuente: Clarín
Más información: www.clarin.com
MEDIOS Y COMUNICACIÓN: UNA BATALLA JURÍDICA Y POLÍTICA. LA DEFENSA DE LA LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
LOS PATROCINANTES DE VEINTE INSTITUCIONES QUE SE PRESENTARON ANTE LA JUSTICIA FEDERAL EN DEFENSA DE LA LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL RECIENTEMENTE SANCIONADA Y CUESTIONADA JUDICIALMENTE, EXPONEN AQUÍ SUS ARGUMENTOS PARA SOSTENER LA VALIDEZ DE LA NORMA.
La demanda por una ley de medios que reemplazara la legislación de la dictadura y garantizara una efectiva democratización de las comunicaciones agrupó desde 1983 a universidades, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil. Sus reclamos y propuestas, como los 21 puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática redactados en 2004, tomaron cuerpo en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que el Ejecutivo impulsó luego de un inédito proceso de consulta pública y el Congreso aprobó por amplia mayoría en octubre pasado. Pocos meses después, tribunales de diferentes jurisdicciones del país, a partir de argumentaciones diversas, han dejado sin efecto la vigencia de ciertos artículos de la ley o, inclusive, la normativa completa.
En este contexto, los mismos actores que han bregado a lo largo de más de un cuarto de siglo por una efectiva democratización de las comunicaciones y que criticaron públicamente las medidas que permitieron la consolidación de posiciones dominantes en el mercado de medios audiovisuales durante los sucesivos gobiernos democráticos, se presentaron ante la Justicia para defender la constitucionalidad de una ley que ha sido redactada en absoluto cumplimiento de lo dispuesto por nuestra Carta Magna, así como por los instrumentos internacionales de derechos humanos incorporados a ella desde 1994.
El lunes 15 de marzo, más de 20 instituciones –entre las cuales se encuentran la casi totalidad de los sindicatos que reúnen a los trabajadores de medios de comunicación, universidades nacionales, radiodifusores comunitarios, pequeños y medianos radiodifusores comerciales y organizaciones de la sociedad civil– presentaron un escrito en calidad de amicus curiae (“amigos del tribunal”) ante la Cámara Federal de Salta en el marco de una causa que se inició a fines de 2009. La Cámara debe decidir si confirma o revoca la medida cautelar dispuesta por el juez federal Miguel Medina, que había sido solicitada por la ONG salteña Comité de Defensa del Consumidor (Codelco), que suspendió la vigencia de seis artículos de la norma que hacen referencia a las obligaciones de producción propia, nacional y local, además de las reglas de control de concentración.
El dictamen presentado aporta numerosos antecedentes de derecho internacional de derechos humanos y ejemplos de legislación comparada, que demuestran que la ley 26.522 respeta el derecho a la libertad de expresión. En primer lugar, fundamenta que el Estado no sólo puede, sino que debe regular la actividad de los medios de comunicación audiovisual electrónicos y que, tal como lo ha expresado nuestra propia Corte Suprema en diferentes sentencias, el régimen internacional de telecomunicaciones y radiodifusión al que ha adherido la Argentina impone que esta regulación sea federal y no provincial. Esto es, debe provenir del Congreso nacional.
Por otra parte, el escrito remarca la compatibilidad entre las limitaciones a la concentración de la propiedad de los medios, de las restricciones a la conformación de redes permanentes de programación, y de la fijación de pisos mínimos de producción local e independiente y los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Para ello, apela a la jurisprudencia de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de los Relatores Especiales de Libertad de Expresión de la OEA, la ONU, la Comunidad Europea y la Comisión Africana, así como a la comparación con la regulación vigente en otros países. Tanto en Estados Unidos como en Canadá y en la Unión Europea existen regímenes que establecen límites a la multiplicidad de licencias y están destinados a salvaguardar el pluralismo informativo e impedir que un mismo grupo alcance una posición dominante en el mercado de medios que le permita imponer un discurso único. Los ejemplos de derecho comparado y las citas a convenciones internacionales específicas muestran también la existencia de previsiones legales destinadas a garantizar pisos mínimos de programación local y nacional, con el objetivo de defender la diversidad y la producción local.
El amicus además expone la relevancia que este tipo de medidas tienen en el contexto del sistema de medios que se ha configurado en la Argentina a lo largo de las últimas dos décadas.
A modo de ejemplo: en los canales de televisión abierta del interior del país las dos terceras partes de la programación consisten en contenidos de las señales producidas en Buenos Aires que son retransmitidos de manera directa. A la vez, sólo tres empresas (Grupo Clarín, Telefónica Internacional y Pramer) controlan más del 70 por ciento del mercado de comercialización de señales de TV. Si a esto le sumamos los efectos del intento de operación conjunta entre Cablevisión y Multicanal, que llevó al Grupo Clarín y su socio norteamericano Fintech Advisory a controlar más del 60 por ciento del mercado de provisión de TV por cable (con monopolio absoluto en grandes y medianas localidades del país y casi total en otras), nos encontramos con una situación por demás alarmante, que exige políticas enérgicas del Estado para asegurar el derecho de la sociedad a acceder a información plural.
Semejantes niveles de concentración resultan abusivos para cualquier industria, en tanto representan una amenaza a la libre competencia y tienen impactos negativos sobre la formación de precios. Pero en el caso de los medios de comunicación masiva la preocupación es aún mayor debido al efecto restrictivo que implican para el ejercicio de la libertad de expresión, entendida como un derecho humano fundamental y pilar básico de toda sociedad democrática.
Por Víctor Abramovich*, Damián Loreti*, Analía Elíades*, Andrea Pochak* y Luis Lozano**
* Abogados patrocinantes de las organizaciones que se presentaron como amicus curiae en la causa “Codelco c/ Estado Nacional - Poder Ejecutivo Nacional s/ acción declarativa - medida cautelar”.
** Coordinador de Comunicación del CELS.
Fuente: Página 12
Más información: www.pagina12.com.ar
La demanda por una ley de medios que reemplazara la legislación de la dictadura y garantizara una efectiva democratización de las comunicaciones agrupó desde 1983 a universidades, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil. Sus reclamos y propuestas, como los 21 puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática redactados en 2004, tomaron cuerpo en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que el Ejecutivo impulsó luego de un inédito proceso de consulta pública y el Congreso aprobó por amplia mayoría en octubre pasado. Pocos meses después, tribunales de diferentes jurisdicciones del país, a partir de argumentaciones diversas, han dejado sin efecto la vigencia de ciertos artículos de la ley o, inclusive, la normativa completa.
En este contexto, los mismos actores que han bregado a lo largo de más de un cuarto de siglo por una efectiva democratización de las comunicaciones y que criticaron públicamente las medidas que permitieron la consolidación de posiciones dominantes en el mercado de medios audiovisuales durante los sucesivos gobiernos democráticos, se presentaron ante la Justicia para defender la constitucionalidad de una ley que ha sido redactada en absoluto cumplimiento de lo dispuesto por nuestra Carta Magna, así como por los instrumentos internacionales de derechos humanos incorporados a ella desde 1994.
El lunes 15 de marzo, más de 20 instituciones –entre las cuales se encuentran la casi totalidad de los sindicatos que reúnen a los trabajadores de medios de comunicación, universidades nacionales, radiodifusores comunitarios, pequeños y medianos radiodifusores comerciales y organizaciones de la sociedad civil– presentaron un escrito en calidad de amicus curiae (“amigos del tribunal”) ante la Cámara Federal de Salta en el marco de una causa que se inició a fines de 2009. La Cámara debe decidir si confirma o revoca la medida cautelar dispuesta por el juez federal Miguel Medina, que había sido solicitada por la ONG salteña Comité de Defensa del Consumidor (Codelco), que suspendió la vigencia de seis artículos de la norma que hacen referencia a las obligaciones de producción propia, nacional y local, además de las reglas de control de concentración.
El dictamen presentado aporta numerosos antecedentes de derecho internacional de derechos humanos y ejemplos de legislación comparada, que demuestran que la ley 26.522 respeta el derecho a la libertad de expresión. En primer lugar, fundamenta que el Estado no sólo puede, sino que debe regular la actividad de los medios de comunicación audiovisual electrónicos y que, tal como lo ha expresado nuestra propia Corte Suprema en diferentes sentencias, el régimen internacional de telecomunicaciones y radiodifusión al que ha adherido la Argentina impone que esta regulación sea federal y no provincial. Esto es, debe provenir del Congreso nacional.
Por otra parte, el escrito remarca la compatibilidad entre las limitaciones a la concentración de la propiedad de los medios, de las restricciones a la conformación de redes permanentes de programación, y de la fijación de pisos mínimos de producción local e independiente y los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Para ello, apela a la jurisprudencia de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de los Relatores Especiales de Libertad de Expresión de la OEA, la ONU, la Comunidad Europea y la Comisión Africana, así como a la comparación con la regulación vigente en otros países. Tanto en Estados Unidos como en Canadá y en la Unión Europea existen regímenes que establecen límites a la multiplicidad de licencias y están destinados a salvaguardar el pluralismo informativo e impedir que un mismo grupo alcance una posición dominante en el mercado de medios que le permita imponer un discurso único. Los ejemplos de derecho comparado y las citas a convenciones internacionales específicas muestran también la existencia de previsiones legales destinadas a garantizar pisos mínimos de programación local y nacional, con el objetivo de defender la diversidad y la producción local.
El amicus además expone la relevancia que este tipo de medidas tienen en el contexto del sistema de medios que se ha configurado en la Argentina a lo largo de las últimas dos décadas.
A modo de ejemplo: en los canales de televisión abierta del interior del país las dos terceras partes de la programación consisten en contenidos de las señales producidas en Buenos Aires que son retransmitidos de manera directa. A la vez, sólo tres empresas (Grupo Clarín, Telefónica Internacional y Pramer) controlan más del 70 por ciento del mercado de comercialización de señales de TV. Si a esto le sumamos los efectos del intento de operación conjunta entre Cablevisión y Multicanal, que llevó al Grupo Clarín y su socio norteamericano Fintech Advisory a controlar más del 60 por ciento del mercado de provisión de TV por cable (con monopolio absoluto en grandes y medianas localidades del país y casi total en otras), nos encontramos con una situación por demás alarmante, que exige políticas enérgicas del Estado para asegurar el derecho de la sociedad a acceder a información plural.
Semejantes niveles de concentración resultan abusivos para cualquier industria, en tanto representan una amenaza a la libre competencia y tienen impactos negativos sobre la formación de precios. Pero en el caso de los medios de comunicación masiva la preocupación es aún mayor debido al efecto restrictivo que implican para el ejercicio de la libertad de expresión, entendida como un derecho humano fundamental y pilar básico de toda sociedad democrática.
Por Víctor Abramovich*, Damián Loreti*, Analía Elíades*, Andrea Pochak* y Luis Lozano**
* Abogados patrocinantes de las organizaciones que se presentaron como amicus curiae en la causa “Codelco c/ Estado Nacional - Poder Ejecutivo Nacional s/ acción declarativa - medida cautelar”.
** Coordinador de Comunicación del CELS.
Fuente: Página 12
Más información: www.pagina12.com.ar
Suscribirse a:
Entradas (Atom)