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Nada ha cambiado en un canal que hace demorar el inicio de un partido de fútbol para emitir imágenes de la Presidenta
Conviene tomar nota de los hechos que se van registrando en el espacio a cargo del Estado en los medios masivos de comunicación por lo que podría significar, por añadidura, una ampliación sin medias tintas de su radio de influencia.
Esta situación no es casual, sobre todo en momentos de excesiva e irresponsable crispación en los cuales los medios de comunicación, en su mera condición de mensajeros, parecen ser los culpables de los hechos que describen y sobre los cuales, con todo derecho, analizan y opinan.
Tal como lo había ordenado el Poder Ejecutivo, el Senado de la Nación aprobó la ley de servicios audiovisuales. Lo hizo con una rapidez apropiada para los grandes velocistas jamaiquinos y con un nivel de obediencia que sólo se observa en el fundamentalismo de ciertas teocracias.
La mayoría de los senadores no se atrevió a tocar una sola coma. Tampoco esos legisladores, por lo que se infiere, se habrían atrevido a hacer algo así dentro del actual régimen iraní, en el caso de que la iniciativa hubiera provenido del gran ayatollah que preside el Consejo de la Revolución, o de haber sido conminados por un Stalin, un Mao, un Fidel Castro.
La nueva norma ha nacido con vicios ocultos y otros que no lo son tanto. Resquebrajado en su constitucionalidad, ese ordenamiento se verá en figurillas para sostenerse en el tiempo. Todo dependerá del grado de independencia real de los jueces que deban pronunciarse sobre las impugnaciones que inevitablemente sobrevendrán. Inconstitucional por donde se lo mire, por la letra y por el espíritu; por el procedimiento todo de su gestación como cachetazo a la decisión soberana del pueblo de haber infligido al gobierno la derrota electoral del 28 de junio.
Intervencionismo en exceso del Estado. Violación de recaudos elementales para las garantías de la libertad de expresión. Ruptura de la seguridad jurídica. Desconocimiento del derecho de propiedad. Presiones indebidas sobre legisladores. Promesas de nuevos espacios políticos para aquellos que concluyen su mandato. Voluntad de manejar arbitrariamente los medios masivos de comunicación y sus contenidos. ¿Qué más decir para denunciar la magnitud del retroceso institucional que entrañan la nueva legislación y el tipo de procedimiento articulado para su sanción?
Los porteños suelen observar que, para muestra, basta un botón. Así debería interpretarse un episodio ocurrido días atrás. Se trataba de la emisión por la TV pública de un partido de fútbol y derivó, de manera sorpresiva, en un indicio elocuente de lo que puede suceder en el futuro si la mayoría de los medios de comunicación llegan a caer en la órbita gubernamental. Ya sea con los actuales protagonistas o con cualquier otro oficialismo de parecido tenor al de ahora.
El comienzo de la transmisión en "vivo y en directo" del partido de fútbol que iban a disputar los equipos de Lanús y Godoy Cruz de Mendoza, por la séptima fecha del torneo Apertura, sufrió una demora de media hora, que resultó ser en absoluto ajena a las contingencias de lo que sucedía en el estadio. Como quien hace con el espacio público lo que viene bien a su antojo, la autoridad responsable de esa emisión televisada dispuso que todo debía quedar subordinado a la proyección del momento en que la presidenta de la Nación se hacía presente en el velatorio de Mercedes Sosa.
Nadie en Canal 7 se tomó el trabajo de explicar a la audiencia los motivos de la demora ocasionada, en realidad, en aras de exhibir la imagen compungida de la Presidenta ante el cuerpo yacente de la excepcional intérprete. El resto de los ciudadanos no importaba. Esa falta de consideración y respeto hacia los televidentes y a quienes habían concurrido al estadio tuvo un eco inevitable entre estos últimos.
Cuando se dieron a conocer los detalles del retraso, el público asistente al partido, simpatizante en su mayoría del equipo local, rechazó con silbidos los motivos expuestos. Y, con intencionalidad que no pasó a nadie por alto, al momento de realizarse el minuto de silencio por el fallecimiento de Mercedes Sosa el mismo público se recogió en una expresión de respeto unánime. A renglón seguido, un cerrado aplauso partió de los cuatro costados del estadio.
La vulgaridad propagandística y la ansiedad por el show-off tienen, como se ve, su precio. En cambio, como señalamos desde esta columna editorial, el concepto de "televisión pública" cobra sentido cuando se transmite a los usuarios, por ese medio, un conjunto de mensajes e informaciones de naturaleza cultural que contribuyen de manera notoria a la mejor formación educativa e intelectual de la población o a su elevación y dignificación espiritual. Ese concepto se desnaturaliza cuando detrás del material que se pone en pantalla asoma el propósito de divulgar concepciones ideológicas o políticas que se corresponden con el interés específico del gobierno de turno o de sus actores.
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Mucho más grave aún es la deformación cuando se utilizan los medios de comunicación en poder del Estado para difundir mensajes difamatorios tendientes a inhibir el libre ejercicio de la prensa independiente. Es lo que ocurrió con la amplia e irresponsable difusión en Canal 7 de un video anónimo editado y montado deliberadamente para sembrar sospechas sobre publicaciones de un columnista de este diario que molesta al poder y a sus amigos.
Fuente: La nacion.com.ar
"La propaganda es a la democracia lo que la cachiporra al estado totalitario"
Noam Chomsky
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