Por Fin Le Pusieron un Corte a los DNU Decretos de Necesidad y Urgencia.

El máximo tribunal estableció que el Poder Ejecutivo sólo puede dictar DNU en casos excepcionales y no por motivos de conveniencia política



La Corte Suprema estableció hoy límites al uso de los decretos de necesidad y urgencia. Lo hizo en la causa Consumidores Argentinos, al declarar la inconstitucionalidad de un DNU dictado por el ex presidente Eduardo Duhalde en 2002.

Tal como adelantó LA NACION , el máximo tribunal señaló que el Poder Ejecutivo sólo puede dictar DNU en forma excepcional y no por motivos de conveniencia política.

"No puede sostenerse, en modo alguno, que el Poder Ejecutivo puede sustituir libremente la actividad del Congreso o que no se halla sujeto al control judicial", sostuvieron los magistrados, quienes entendieron que los DNU fueron establecidos para atenuar el presidencialismo y que su uso debe ser limitado.

De este modo, reitera la doctrina fijada por el propio tribunal en la causa Vorrochi en 1998.

A lo largo de la historia argentina, los gobiernos democráticos dictaron unas pocas decenas de decretos de necesidad y urgencia, hasta que el ex presidente Carlos Menem comenzó a hacer un uso indiscriminado de esos instrumentos. Dictó más de 600 a lo largo de sus 10 años de mandato.

Por eso, cuando se redactó la reforma constitucional que se aprobó en 1994 el radicalismo aceptó que la Constitución reconociera expresamente esa herramienta entre las atribuciones del Poder Ejecutivo, con la intención de fijarle límites expresos al presidente de la Nación.

La historia mostró que esa esperanza fue errada. Los presidentes siempre desconocieron qué estableció la Constitución nacional para la facultad de dictar DNU -la tentación del poder ilimitado siempre es muy grande- y la Justicia no tuvo fuerza para hacerlos valer.

Antededentes. Sólo en 1998, la Corte Suprema, en su anterior composición, dictó un fallo haciendo valer tales restricciones: en esa época, el poder del entonces presidente Carlos Menem comenzaba a declinar (y coincidía con una de las etapas en las que más usó la fórmula de gobernar por decreto).

La presidenta Cristina Kirchner, cuando era senadora nacional, siempre mantuvo una visión restrictiva de la atribución del Poder Ejecutivo de utilizar estos decretos, pero en 2006, cuando su marido, Néstor Kirchner, ejercía la presidencia, impulsó la aprobación de la ley 26.122, que contiene criterios bastante laxos para esa facultad.

Fuente: La nacion